La única ley que conoce el PSOE cuando le toca gobernar es la ley del embudo. El Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) no es una excepción. El Gobierno Zapatero, perrunamente fiel a su espíritu extremista y autoritario, pretende imponer un nuevo marco legal en lo tocante a educación sin siquiera haber discutido una sola coma con las partes afectadas. Ni con los padres, ni con los docentes, ni con los especialistas en educación que se salen de su órbita de predilectos. Este es su talante y el modo en que entiende el diálogo. Los socialistas siguen empeñados en que la mayoría parlamentaria es una suerte de patente de corso para hacer y deshacer a su antojo a espaldas de la sociedad.
La sociedad española, sin embargo, es adulta y sabe bien lo que le conviene y lo que no. En lo relativo a la educación, además, sabe que se juega nada menos que el futuro de las nuevas generaciones, porque, para nadie es un secreto que lo que hoy sembremos es lo que nuestro país recogerá mañana. Tal responsabilidad implica un gran consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad civil. La LOE es una ley arbitraria e impuesta que nace con un pecado de origen: no ha sido consensuada con nadie más que con los aduladores habituales del Ejecutivo, los que se encuentran siempre dispuestos a alabar todo lo que salga de La Moncloa.
Pero la falta de consenso no es lo peor de este Proyecto de Ley. La LOE, como armazón legislativo sobre el que se construirá la enseñanza del mañana, adolece de demasiados defectos como para ser aceptada. No ataca el principal problema que arrastra nuestro sistema educativo, el del fracaso escolar. España está a la cabeza de Europa en abandono escolar prematuro. Un 40% de los estudiantes que inician secundaria no la terminan nunca. Un 21% de los estudiantes de 15 años tienen dificultades para la lectura. Dato ya de por sí alarmante porque a esa edad los jóvenes se disponen a comenzar sus estudios de bachillerato, y un estudiante que no sabe leer difícilmente podrá continuar formándose.
Estos datos son el corolario lógico de la anterior reforma socialista, la de la LOGSE, cuyas dramáticas secuelas se sufren hoy en los colegios e institutos de todo el país. Entonces se diseñó un sistema en el que la excelencia académica no importaba, y en el que los niveles de exigencia se redujeron al mínimo, alumbrando como consecuencia la generación peor preparada de nuestra historia reciente. La tibia reforma educativa ensayada por Pilar del Castillo, que iba en la buena dirección, precisaba una nueva vuelta de tuerca para enderezar el triste panorama que viven las aulas españolas. La LOE es justo lo contrario. Persevera en los defectos de la LOGSE, los agrava y los aumenta.
En lo tocante a los derechos y libertades, la LOE es una hechura totalitaria parida por ingenieros sociales que aspiran a modelar las generaciones futuras a su imagen y semejanza. Vulnera el derecho que tienen los padres de elegir el tipo de educación y el centro que desean para sus hijos. Dinamita un principio básico; el de que la educación es, en primera instancia, un asunto que concierne a los padres, responsables principales de la educación de sus hijos. La labor del Estado es secundaria y destinada únicamente a fijar el marco general legislativo, pero absteniéndose de invadir parcelas que atañen a lo privado. La enseñanza de religión es un buen ejemplo, pero no el único. La escuela no debe convertirse en un inmenso centro de adoctrinamiento para los niños y jóvenes, sino en un lugar donde se impartan conocimientos y se premie el estudio y el sacrificio.
Como para muchos millones de españoles la educación sí importa, hoy se reunirán en Madrid para mostrárselo de manera pacífica al Gobierno. Motivos para oponerse a la LOE sobran, ganas, también.
