III. ¿Una nueva estrategia electoral para el PP?
Con todos los matices que se quiera, con todas las variaciones posibles, esa, creo, es la estrategia del PSOE de Rodríguez Zapatero. Si tengo razón, el PP no tendría más remedio que acudir a las elecciones generales en 2008 con unos planteamientos que tengan en cuenta esas nuevas circunstancias. El programa electoral del PP sólo podría ser un proyecto de reforma de la Constitución de 1978 para, si gana por mayoría absoluta, desarrollar ese proyecto en las Cámaras, disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Algo muy duro para cualquier partido, que podría encontrarse incluso con dificultades para conseguir el apoyo de las autonomías gobernadas por el propio PP. Pero esa es la única oportunidad que nos queda a los españoles para poder opinar sobre si preferimos seguir viviendo en el estado-nación España o si preferimos disgregarnos en un número indeterminado de nuevos estados.
IV. Una nueva constitución
Una nueva constitución tendría que ser más clara que lo ha sido la del 78 en relación con las competencias estatales y autonómicas y con la representatividad de los distintos partidos políticos en el Parlamento. Tendría que ser una constitución federal, pues eso es el Estado de las autonomías, con una clara distinción entre competencias del estado central y competencias de las actuales autonomías, para evitar la repetición –si todo sale bien– en otra generación, de un proceso centrifugador similar al que padecemos. Sería necesaria una nueva ley electoral, para adecuar la representación del voto popular en detrimento de la sobrerrepresentación de los partidos nacionalistas, aunque ello suponga reconocer políticamente el peso que en España conserva la extrema izquierda. Habría que recuperar competencias cedidas o compartidas con las actuales autonomías. Y recuperar las que sin duda se cederán a Cataluña en el estatuto que ilegalmente se va a debatir en el Congreso. Tendría que establecer igualmente procedimientos para evitar su propia desnaturalización por una vía ilegal, como la actual emprendida por Rodríguez Zapatero. En concreto, sería necesario sustituir al actual Tribunal Constitucional, dominado por intereses partidistas, por el propio Tribunal Supremo o por otra instancia más jurídica que pudiera crearse, en la que pesaran más los argumentos puramente jurídicos a la hora de interpretar el texto constitucional que el sesgo político de los miembros designados por los correspondientes partidos. Y habría que abordar, en la propia constitución, el acceso a la carrera judicial, los sistemas de promoción interna, la elección o no de los propios jueces; en definitiva, asegurar la existencia de un poder judicial mucho más independiente y democrático que el actual.
Creo que la confrontación sobre el contenido y los límites de una nueva constitución es inevitable. Necesitamos saber si somos mayoría los que creemos que España existe, como nación y como estado. Los que creemos que nos avalan la historia y la experiencia de muchos siglos. Los que pensamos, al margen de consideraciones sentimentales, que es el sistema de organización política más adecuado para escapar a los despotismos y a la corrupción populista que caracteriza a los estados dominados por el nacionalismo o el intervencionismo populista de izquierdas.
V. Una confrontación inevitable
La confrontación es inevitable porque por parte de Rodríguez Zapatero y el PSOE la decisión está tomada. Para ellos ha llegado, finalmente, el momento de reiniciar políticamente la guerra civil, con la esperanza de ganarla y derrotar para siempre a sus enemigos. Por cualquier medio, legal o ilegal, algo que ya ocurrió en 1934. Incluso, utilizando las amenazas y la coacción. No en vano es parte activa del Gobierno un partido como ERC, que tiene pactos con ETA. Y no en vano el actual gobierno ha propiciado y permitido ilegalmente la presencia de los proetarras en el parlamento vasco.
Los votantes, los militantes y los dirigentes del PP pueden optar por creer que este panorama es catastrofista y seguir haciendo política como si estuviera en vigor la Constitución de 1978. Si lo hacen, todos perderemos la partida, porque la historia no se terminó con la Constitución de 1978. De hecho ha comenzado un nuevo proceso constituyente, en el que se van a enfrentar el populismo revolucionario de las izquierdas, aliada con el nacionalismo separatista y los defensores de un orden constitucional garante de los derechos individuales, como lo ha sido la Constitución de 1978. Estamos, para nuestra desgracia, a punto de saber si seguimos siendo España o si somos Checoslovaquia, Yugoslavia o la España de la I República. Es muy posible, dada la política de ruptura del PSOE y las dificultades para que el PP tenga mayoría absoluta en las próximas elecciones, que sea imparable la instauración de una nueva república o una monarquía, sin ningún contenido, que presida un estado confederal. La tercera república sería parecida a la España aparentemente feliz de la I República. Si eso ocurre, me temo que será sólo un estadio transitorio, que daría paso a una situación de enfrentamiento a la yugoslava. Hay sólidas razones para creer que una nueva confederación de naciones ibéricas llevará, nuevamente, a la violencia. Y muchas de esas razones son económicas, que examinaremos en próximos artículos. Aunque podría producirse una reacción ciudadana de defensa de un orden constitucional similar al que hemos tenido desde 1978 y lograr, definitivamente, alejar los fantasmas de la guerra civil.
