Una de las intervenciones más insólitas del debate sobre el Estatuto fue la del diputado catalán Josep Antoni Duran i Lleida. En lugar de ceñirse al guión de lo que tocaba y defender el engendro anticonstitucional que su partido llevó al Parlamento, el líder de UDC se desmarcó denigrando innecesariamente a una cadena de radio. La COPE, como no. El tribuno traía preparado el discurso, perfectamente estudiado para no dar puntada sin hilo en los minutos que le tocó dirigirse al hemiciclo.
Tras confesarse abiertamente como "cristiano social", arremetió contra la COPE acusándola de alimentar "odios territoriales", criminalizar a "dirigentes políticos y empresariales" y sembrar "a diario el insulto, el odio y la confrontación". Aventajado alumno del "calumnia que algo queda" se permitió invitar a la misma Iglesia Católica a acabar de inmediato con lo que había denunciado en su delirante intervención.
La posición de todos los nacionalistas catalanes, ya sean de derecha, izquierda o centro, respecto a los medios de comunicación independientes es idéntica. No pueden tolerar que un simple periódico o una simple emisora de radio escape a su férreo control. Esto les ha llevado a hacer el ridículo en numerosas ocasiones en las que su intención liberticida ha quedado siempre de manifiesto. Lo de Duran en el Parlamento, sin embargo, va algo más lejos. Primero porque esa no es la sede para calumniar con palabras tan gruesas a un medio de comunicación. Y segundo porque el debate del miércoles estaba destinado a admitir a trámite una pretendida reforma estatutaria, no a servir de púlpito para la copefobia de todos los mandarines del catalanismo.
Si Duran considera –como el ministro Montilla– que hay profesionales en la COPE que incitan al odio o que insultan, no tiene más que dirigirse a un juzgado con las pruebas del delito. Esa, la judicial, es la única sede donde pueden imputarse faltas de tal calibre. Eso sí, antes de acudir al juzgado debería tener en cuenta que una emisora de radio no delinque, delinquen los individuos, no las siglas, por muy denostadas que éstas sean. Si no es así, si los acusadores se limitan a descalificar sin aportar ni prueba ni nombre alguno, todo lo que podemos hacer es demandar al señor Duran i Lleida que concrete quién o quiénes alimentan odios territoriales y siembran el insulto, el odio y la confrontación. Porque puede suceder que, al final, los que están promoviendo todo eso sean los mismos que se postulan como víctimas, y si no que tenga la gentileza de repasar las páginas del Periódico de Cataluña del pasado fin de semana.
Si, además de calumniar vergonzosamente –y sin más pruebas que una retórica hinchada– a un medio de comunicación, se erige en portavoz parlamentario de una especie de frente anti-COPE su pecado es doble. El Congreso de los Diputados no está para dar rienda suelta a las frustraciones mediáticas de los políticos, ni para servir de parapeto privilegiado de los que quieren poner a la prensa a sus pies. Durante todo el mes de octubre la COPE ha ofrecido a su audiencia mucha información sobre el Estatuto, información que ha acompañado de multitud de análisis por parte de sus especialistas. Exactamente lo mismo que cualquier otra emisora de radio. Ha cumplido con su misión de formar e informar a la parte de la opinión pública que ha elegido su dial. Ahí ha terminado su trabajo. Ni la COPE ni cualquier otro medio de comunicación se encontraban presentes en la tribuna de oradores de la Carrera de San Jerónimo, por lo que era del todo ocioso referirse a ella durante las intervenciones. Otra cosa bien distinta es que los ponentes del Estatuto sean alérgicos a la discrepancia y no sean capaces de soportar que unos periodistas les lleven la contraria. He ahí la clave de todo este asunto. En toda esta farsa a Duran, como "cristiano social", le tocó interpretar este triste papel. Y a él se aplicó con denuedo.
