Esta semana se han inaugurado un par de páginas web merecedoras de los preceptivos capones para sus responsables. Nuestro colaborador, y sin embargo amigo, Eduardo Pedreño criticó duramente el rediseño del sitio web del PP. En lugar de reconocer los errores y pedir disculpas, los responsables del proyecto se dedicaron por un lado a insultarlo y por otro a solucionar algunos de los fallos más palpables, esfuerzo al que denominaron “la fase 2 ya prevista en el lanzamiento de la web”. Tampoco es que hayan solucionado todos los errores; sin ir más lejos el buscador de la web no funciona en Firefox y el buscador de personas da un error muy feo cuando no encuentra a nadie. Además, se echan a faltar elementos imprescindibles a estas alturas de la vida, como la sindicación RSS. Me gustaría que solucionaran todo esto pero, por favor, repriman su ánimo de injuriarme por señalarlo.
Pero bueno, la web del PP no deja de ser la de un partido político. Si no tienen interés en emplear decentemente Internet para ganar votos, como sería su obligación, es su problema. El asunto cambia de cariz cuando hablamos de la administración pública, cuya obligación es construir sitios web como Dios manda, útiles y accesibles a todos los ciudadanos. Sobre todo cuando se crea una web con el único objetivo de ofrecer información al público. ¿Qué dirían ustedes de un periódico digital con una letra ilegible, hecho con una tecnología de la que no disponen todos los navegadores, inaccesible para ciegos, cuyos contenidos no se pueden enlazar y que está hecho de tal manera que Google jamás podrá incorporar a su buscador lo que en él se diga? Se lo pregunto para que no me acusen a mí de insultar a nadie; pueden ustedes acudir a la fabulosa web creada por el gobierno para informar sobre la gripe aviar y dirigir a sus creadores esos amables epítetos en los que estaban pensando. Sí, ese tan feo también.
La administración pública tiene la obligación de que sus sitios web sean accesibles a partir de enero de 2006, según reza la disposición adicional quinta de la celebérrima LSSI. Es natural que los sitios web de muchos ministerios aún no hayan cambiado para cumplir esta ley, aunque haya excelentes ejemplos de lo contrario como La Moncloa o el Ministerio de Administraciones Públicas.
