José Montilla, ministro que tiene a su cargo la regulación de espacio radioeléctrico, lanzó recientemente un ataque a un medio de comunicación, la cadena COPE. Se pudo pensar que el ministro tuvo un repentino arrebato de sincera expresión de sus pensamientos; Montilla, socialista y nacionalista al fin, simplemente no entiende ni es capaz acaso de concebir que un medio de comunicación muestre su disconformidad con la política que él propone.
Hoy tenemos motivos para pensar que fue todo lo anterior, pero que no tuvo nada de espontáneo. José Montilla dio el pistoletazo de salida. Un disparo cuyo estruendo era la llamada a la acción. El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Josep María Carbonell, anunció que el organismo está estudiando si la cadena COPE incumple el artículo 20 de la Constitución. Huelga decir que alegar al artículo de la Carta Magna dedicado a la libertad de expresión como instrumento para acabar con ésta, es un ejemplo más del poco respeto que le tienen algunos a la Constitución Española, del artículo 2 en adelante.
En un Estado de Derecho, las palabras de Josep María Carbonell, los planes del Consell de l'Audiovisual de Catalunya y las sinceras llamadas del diputado del PSC Joan Ferran a la censura de lo que llama “predicadores políticos” no tendrían demasiada importancia. Simplemente engrosarían la siniestra carrera contra la libertad de expresión de socialistas y nacionalistas. En un Estado de Derecho, la decisión sobre si un ciudadano o una empresa han actuado contra la ley depende del juez y no del arbitrio de un político.
El problema, el verdadero problema, es que el derecho a emitir libremente no depende sólo de la iniciativa de un grupo empresarial refrendado por el apoyo de oyentes y anunciantes, sino que depende también de una decisión administrativa; es decir, de una decisión política. Ya en mayo de 1999 Jordi Pujol tuvo un ramalazo nacionalista que le llevó a cerrar tres emisoras de la misma cadena en Barcelona, Tarragona y Manresa. Y Pujol parece casi liberal y moderado al lado de quienes hoy controlan la Generalidad.
Porque el tripartito, que domina el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, es quien ha ideado el engendro jurídico, pero gloria del totalitarismo, que es la propuesta de la Generalidad como nuevo Estatuto. Un texto que prevé regular desde el tiempo libre a las relaciones personales pasando por todos los aspectos económicos o el libre uso de la lengua. Quienes han sido capaces de escribir ese homenaje a 1984 de Orwell pretenden decidir si los todavía ciudadanos de Cataluña pueden o no elegir a la COPE en sus diales.
Cataluña, y por tanto España, se juega mucho en este planificado ataque a la libertad de expresión. Su éxito dependerá de la fortaleza del Estado de Derecho. Si éste no es capaz de defender una libertad tan básica como la libre expresión de las ideas y la crítica al poder, es que la bolivarianización de España ha llegado con Rodríguez Zapatero. Esperamos ahora la sociedad en su conjunto y, especialmente, los medios de comunicación alcen su voz contra este perverso movimiento del tripartito.
