Algo no funciona del todo bien en nuestra democracia cuando un ministro se muestra abiertamente hostil a un simple medio de comunicación y le achaca la responsabilidad del tenso ambiente que, este mes de octubre, estamos viviendo por culpa del Estatuto catalán. Anteayer, de manera gratuita y sin venir a cuento, el ministro de Industria, José Montilla, aprovechó una reunión con periodistas para acusar a la cadena COPE de sembrar cizaña e incitar al odio, a la división y la confrontación entre los ciudadanos.
Cualquiera medianamente informado está al tanto de que la citada cadena se ha opuesto, como la mayoría de medios no catalanes –incluido Libertad Digital–, a la "reforma" estatutaria en Cataluña. Las razones que se han expuesto en los programas de la COPE para criticar el texto salido de la Cámara catalana han sido siempre argumentadas y han tenido como punto de referencia la Constitución. En este diario y en muchos otros se ha editorializado en contra del Estatuto en multitud de ocasiones, se han aportado ideas, se ha denunciado el carácter secesionista y anticonstitucional del documento y, por último, se ha pedido un debate serio en torno a una pretendida reforma que, de ser aprobada tal cual, dinamitará desde dentro nuestro sistema político.
Esta es la realidad. La COPE, en lo tocante al Estatuto, no ha hecho ni más ni menos que otros medios de comunicación independientes y fiscalizadores del poder político. El ministro, sin embargo, la ha tomado con esta emisora de radio haciéndola cargar con una responsabilidad que no le corresponde. Porque si para Montilla criticar un Estatuto soberanista e inconstitucional es incitar al odio, es que el ministro desconoce cuál es el papel de los medios de comunicación en un país libre. La COPE, sin embargo, no es la primera vez que se ve asediada por las asechanzas del Gobierno del talante y sus terminales mediático-sociales. Hace menos de un año, se orquestó una infamante campaña contra uno de sus programas sirviéndose de una información falsa. En Cataluña la cosa es peor todavía, sus principales comunicadores son objeto de insultos y difamaciones continuas.
Esta última baladronada de Montilla reviste, sin embargo, singulares características, pues su departamento es el responsable de la regulación audiovisual. Si el juez toma parte de una manera tan descarada hay muchos, demasiados, motivos para preocuparse. Tantos que, horas después de sus declaraciones, un desconocido llamó a la cadena para dar un falso aviso de bomba en hora de máxima audiencia. Consiguió su objetivo durante unos pocos minutos en los que la sede madrileña de la cadena tuvo que ser evacuada. El ministro, naturalmente, no dijo nada al respecto, por lo que habría que ver quién es el que incita al odio en esto.
No menos preocupante ha sido la reacción de los medios de comunicación. Tan sólo El Mundo, en un breve, y su director, a través de una enérgica condena, se han hecho eco del vergonzoso ataque del ministro. En el resto, silencio y más silencio. Fernando González Urbaneja, presidente de FAPE, se ha mostrado tibiamente disconforme con las declaraciones de Montilla, pero muy lejos de la que armó cuando Aznar hizo referencia –sin nombrarla– a la SER en su comparecencia ante la Comisión del 11-M. Esto es lo que hay; este es, en la práctica, el invierno mediático que nuestro editor anunciaba poco después de que Zapatero ganase las elecciones. Y todo por opinar libremente y no plegarse a los dictados de unos políticos oportunistas. Antonio Regalado, refiriéndose a este caso ayer en su columna, lo resumió en una sola frase: "Resulta increíble que se les persiga por defender la legalidad, la democracia y la Constitución de 1978".
