La avaricia de las entidades de gestión de derechos de autor no tiene límite. Al igual que muchas discográficas, estas asociaciones pretenden que los tiempos se amolden a su modelo de negocio y no al revés. Quieren parar la evolución o guiarla de modo que todo se mantenga como antes. Ni se plantean evolucionar ellas mismas. Los representantes de la SGAE y compañía (todas esas asociaciones que se benefician del canon a los CD y otras que no lo hacen pero también quieren sacar tajada) se expresaron hace unos días en el Congreso de los Diputados. Algunas de las cosas que dijeron dan auténtico pavor.
Algunas de las peticiones más repetida por los supuestos representantes de los intereses de los "creadores" fueron que los discos duros también estén sujetos al canon, al igual que los CD y los DVD, y que la Ley de Propiedad Intelectual no permita al consumidor realizar hasta tres copias para uso privado de la obra adquirida. Sin embargo, hay una reclamación que parece especialmente peligrosa. El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Pedro Pérez Fernández, defendió que la legislación otorgue a las entidades de gestión la facultad de solicitar a los proveedores de servicios de Internet (ISP) la retirada de contenidos ilícitos. La propuesta de Pérez Fernández es terrible. Quiere saltarse a la torera los principios más elementales de nuestro sistema democrático.
Las únicas autoridades con capacidad para decidir si algo es ilegal deben ser los tribunales de Justicia. En un sistema democrático, ellos son los únicos que pueden definir qué contenido es ilícito y ordenar su retirada de la Red. Lo que pretende FAPAE es convertirse, junto con las demás entidades de gestión, en juez y parte. No se podría tener nada en contra de un sistema de arbitraje privado al que ISP y entidades de gestión se sometieran de forma voluntaria, con un árbitro no implicado con ninguna de las dos partes de dirimiera el conflicto. De hecho, esto agilizaría la Justicia al liberarle de tener que decidir en conflictos de este tipo. Sin embargo la propuesta de Pérez Fernández no va por esa vía. Pretende que el Estado le deje capacidad de decidir sin control alguno sobre otras empresas privadas y ciudadanos, con el agravante de que pretende que dicha interferencia se produzca en un terreno tan delicado como es la libertad de expresión.
