Parece que el instinto de supervivencia de la nación se hubiera despertado. El debate sobre el Estatuto de Cataluña ha hecho sonar las alarmas de una sociedad a la que desesperadamente se trata de anestesiar desde el poder. La gente tiene la percepción de que vivimos un momento crítico para el futuro de nuestro país, que está en juego algo más importante que la alternancia del poder, algo más serio que una política con más acento social o más énfasis en el crecimiento económico, algo aún más grave que las bodas gay, los desatinos de nuestra política exterior u otras muchas frivolidades de un Gobierno accidental. Los españoles perciben que lo que se está poniendo hoy en riesgo es nada menos que la España de la libertad.
El presidente Rodríguez Zapatero, preso de las hipotecas ya contraídas con los independentistas catalanes y sin más proyecto político que la mera permanencia en el poder, parece dispuesto a vender España por unos pocos años más en La Moncloa. Pero por primera vez desde 14 de marzo de 2004 hay una mayoría social que considera que ya se ha ido demasiado lejos y que es necesario parar esta alocada carrera hacia el precipicio. Es en el propio seno del Partido Socialista donde más enconadamente se vive esta lucha entre los que quieren conservar el poder a toda costa y quienes consideran que el precio a pagar es demasiado alto para el conjunto de los españoles y del propio PSOE.
El problema es cómo transformar esa mayoría social en una mayoría política que se articule eficazmente para salvaguardar nuestro proyecto común de España y en defensa de nuestra democracia. El liderazgo en este ámbito corresponde sin duda al Partido Popular, un partido que con diez millones de votos constituye no sólo la única oposición al frente que han articulado nacionalistas y socialistas para el desmantelamiento del Estado, sino que es además la única alternativa de Gobierno que hoy existe en nuestro país.
Se equivocan quienes ven en el PP un partido que alienta la crispación y la división en este debate para obtener una rentabilidad política. Mi percepción es que hay una mayoría social que está probablemente aún más movilizada e inquieta que el propio aparato del partido. Su líder, Mariano Rajoy, está empeñado en platear la batalla sin más armas políticas que la defensa de la Constitución y la fuerza del sentido común y la responsabilidad. Es más, Rajoy está haciendo un inmenso esfuerzo pedagógico, a pesar de que eso pueda suponerle un cierto coste entre los sectores más radicalizados, para explicar que este no es un enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España, sino que el proyecto de Estatuto, aún en mayor medida que una amenaza para la cohesión de España, es un atentado contra la libertad de los propios ciudadanos de Cataluña. El PP es hoy más un factor de moderación que de radicalidad en esta España crispada de Zapatero.
Es imprescindible que el Partido Popular mantenga la firmeza y la contundencia con la que se está oponiendo a este proyecto de disgregación de España, de secuestro de la libertad y de claudicación preventiva frente a los terroristas. Es esencial, antes que nada, porque se trata de defender los principios básicos sobre los que se asienta nuestra convivencia, nuestra democracia y la propia continuidad histórica de nuestro país. Estos principios deben estar por encima de cualquier cálculo electoral o táctica política.
Es necesario mantener la negativa a sumarse a este proceso porque esta posición representa hoy a una mayoría social que necesita un liderazgo claro y firme para articularse políticamente. El PP traicionaría la voluntad de la inmensa mayoría de sus diez millones de votantes si por erróneos cálculos de conveniencia política, por un acomplejado y falso sentido de Estado o simplemente por miedo a sentirse solo, se prestara a servir de cómplice involuntario al presidente Rodriguez Zapatero en este proceso de despiece progresivo de nuestro país.
Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.
