Ver sentado en el banquillo a uno de los más grandes genocidas que haya conocido el siglo XX, como ha sido el derrocado dictador iraquí, Sadam Hussein, debería ser, no sólo centro de atención mediática, sino motivo de satisfacción para todos aquellos que dicen respaldar valores tan esenciales como la Libertad y la Justicia. Y eso, por mucho que el juicio, tras la primera y desafiante comparecencia del "Carnicero de Bagdad", se haya pospuesto hasta el 28 de noviembre, y la vista se reduzca a unos centenares de asesinatos, que son, con todo, un pequeño capítulo en el largo historial criminal del acusado.
El profundo y visceral antiamericanismo que profesa buena parte de la prensa, trata, sin embargo, de que no se preste atención a este hito y, aprovechando la intervención de dos jueces, quiere desviar el centro de atención con el objetivo de seguir desacreditando la intervención aliada, sin la cual, a estas alturas, este tirano seguiría sentado, no en el banquillo, sino en la poltrona de su criminal dictadura.
Nos referimos al juez Baltasar Garzón y, sobre todo, al juez Santiago Pedraz. Si el primero, en unas declaraciones a la cadena SER, ha puesto alegremente en duda la imparcialidad del juicio contra Sadam Hussein, el segundo ha ido todavía más lejos dictando nada menos que una orden de busca y captura y detención internacional, a efectos de extradición, contra tres soldados estadounidenses, a los que se les imputa la muerte del periodista José Couso.
Empezando por Garzón, el juez se ha sentido en la necesidad de pedir que el juicio contra Sadam "no se convierta en un acto de venganza". Y es que Garzón ha puesto gratuitamente en duda las "garantías" del proceso, como si este fuera a estar viciado por las "presiones, las amenazas y las coacciones". Como prueba de la posible imparcialidad del proceso, Garzón ha señalado la confianza que ha mostrado "una persona próxima al tribunal" en que el dictador será condenado. "Si esto es expresión de una opinión, bien, pero si es expresión del tribunal, están prejuzgando", ha advertido un quisquilloso Garzón.
Puestos a su altura, ¿no habría que pedir a Garzón que no "prejuzgue" a Sadam cuando pide "que no haya venganza contra quien eliminó a miles de personas u ordenó que se eliminaran, en formas terribles y traumáticas para los ciudadanos iraquíes?" ¿A qué vienen, pues, tan obvias y, al tiempo, insidiosas consideraciones? ¿No será, precisamente la parcialidad de Garzón y su reiterada y pública oposición a la intervención militar que derrocó a Sadam, lo que le lleva ahora a cuestionar la "imparcialidad" del proceso?
En cualquier caso, la palma del desvarío se la lleva la mucho más grave decisión del juez Pedraz, –a quien los lectores recordarán por su suave trato a los condenados etarras– con su orden de busca y captura de soldados norteamericanos, contra la que la Fiscalía ya ha anunciado que presentara un recurso.
Al margen de los disparates técnicos y jurídicos de la orden de Pedraz, –como la clamorosa falta de jurisdicción, la falta de competencia o la falta de título extradicional–, está la bajeza moral de tratar de criminalizar ante la opinión pública a unos soldados por las muertes involuntarias que hayan podido provocar en el transcurso de un conflicto armado. Eso, -claro está- si son norteamericanos. Porque aquí nadie –y menos, un juez– se le ha ocurrido movilizarse contra los soldados de Sadam que mataron al también periodista español, Julio A. Parrado.
