Durante su participación en el Foro de Cinco Días, el vicepresidente de gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, ha reconocido su "preocupación" por la alta tasa de inflación en España, actualmente en el 3,7 por ciento interanual, y la "insuficiente flexibilidad y competitividad" de nuestros mercados.
Con este tímido reconocimiento de las cosas que no marchan bien, el ministro de Economía ha puesto, al menos, una dosis de realismo en el, por lo demás, idílico panorama económico que nos ha dibujado del presente y del futuro inmediato de nuestra economía. Si hay que destacar, al menos, este sentido de la responsabilidad de Solbes, que tanto contraste ofrece con tantos compañeros de gabinete –empezando, por el que lo preside–, no menos reseñable es su propuesta de abaratar el despido. Así Solbes, se ha mostrado partidario de aplicar "al máximo" los contratos de trabajo con despido improcedente de 33 días por año trabajado, introducidos en la reforma laboral de 1997 para fomentar el empleo estable, asegurando que este tipo de contratos son "positivos".
El ministro respondía de esta manera, al ser preguntado sobre si el Gobierno es partidario de generalizar este tipo de contrato, actualmente sólo específico para la contratación de ciertos colectivos, al conjunto de los contratos indefinidos ordinarios que actualmente disfrutan de un despido improcedente de 45 días por año.
Esta es, sin embargo, la cuestión que no ha quedado clara; que no sabemos si esta propuesta, que vendría a profundizar en una reforma laboral a la que en otro tiempo se opuso el PSOE, es una propuesta de Solbes, a título particular y como economista, o por el contrario, se trata de un anuncio de lo que se dispone a hacer el Gobierno.
Solbes podrá ser consciente del problema y podrá tener en mente medidas para paliarlo, pero el hecho es que está supeditado a lo que diga Zapatero. Y si por algo se caracteriza este presidente de Gobierno, es por su pasividad a la hora de solucionar problemas, cuando no se dedica a generarlos. Respecto a la reforma laboral, y con la excusa del "diálogo social", ZP ha renunciado, simplemente, a gobernar, sin ni siquiera liderar o impulsar algún acuerdo entre patronal y sindicatos, que, a su vez, esperan infructuosamente, desde hace meses, a que el presidente del gobierno tome cartas en el asunto.
Quien sí parece que tiene el visto bueno de ZP para llevar a cabo sus propuestas, por disparatadas que sean, es la ministra de Vivienda, la sin par María Antonia Trujillo.
La ministra ha vuelto este lunes a la palestra a vender las bondades de ese costosísimo engendro que se denomina la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Si Solbes propone para el mercado laboral mayor liberalización, su compañera de gabinete propone para el mercado de la vivienda el más burdo intervencionismo. No otra cosa es eso de que una sociedad estatal se dedique a las labores propias de una inmobiliaria. Con ella –es decir, con el dinero de los contribuyentes–, Trujillo pretende garantizar la renta a los propietarios que incluyan su vivienda en la Sociedad, "esté o no alquilada".
Al margen de los chanchullos que se pueden generar con acuerdos ficticios, por principio es un costosísimo disparate que el Estado cargue con las responsabilidades que, como pagar el alquiler o dejar la vivienda en buen estado, corresponde al inquilino.
Lo que el Estado debe ofrecer –y no hace– es libertad a los propietarios y a los inquilinos para llegar a los acuerdos que estimen oportunos y, luego, la seguridad jurídica de que los contratos serán respetados. Lo que disuade a muchos propietarios a la hora de no sacarle una renta a sus viviendas desocupadas –al margen de la rigidez impuesta a los contratos– es la impotencia en la que se encuentran cuando los inquilinos no cumplen lo acordado. Lo que el Estado debe garantizarles es una eficiente y rápida administración de justicia que dirima los litigios, no hacer que el contribuyente asuma unas cargas que no le corresponden.
