Rodríguez Zapatero está sometiendo de nuevo a una grave humillación a las Fuerzas Armadas españolas, tras la que ya les infringió con su orden vergonzosa e indignante de salir huyendo de Irak a toda prisa. La impotencia de nuestros soldados desplegados en la frontera de Ceuta y Melilla ante la continua invasión de subsaharianos que penetran ilegalmente en nuestro territorio coloca a nuestro ejército en una posición de vulnerabilidad sin precedentes.
El despliegue del Ejército en las fronteras de Ceuta y Melilla para tratar de contener las continuas avalanchas de subsaharianos pone en evidencia la necesidad de una revisión profunda de los conceptos de defensa y seguridad que maneja el actual Gobierno.
En primer lugar, es imprescindible redefinir la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. El Proyecto de Ley de Defensa Nacional recoge ya, de forma tímida, la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y ante graves riesgos, catástrofes u otras necesidades públicas. Pero la doctrina del Presidente del Gobierno, expresada en reiteradas ocasiones, es que no se puede dar una respuesta militar a problemas como el del terrorismo o la inmigración ilegal. Sin embargo, Rodríguez Zapatero no ha dudado ahora en ordenar al Ejército contener la inmigración ilegal cuando las Fuerzas de Seguridad se han visto desbordadas en estas dos ciudades españolas.
En segundo lugar, es necesario dotar a las unidades militares del estatus jurídico, del equipamiento y del adiestramiento necesario para poder hacer frente a este tipo de misiones. Lo que no es razonable es mandar a nuestros soldados en una situación de absoluta indefensión jurídica ante cualquier incidente con un inmigrante, sin material adecuado para hacer frente a este tipo de concentraciones humanas, sin ningún tipo de adiestramiento para este tipo de misiones y con un mandato de no utilizar la fuerza salvo en caso extremo de legítima defensa. Esto coloca a las Fuerzas Armadas ante una situación de desarme legal, físico y moral que solo puede conducir al fracaso, el ridículo y la humillación.
Finalmente, es preciso regular con precisión quien y como ejerce el mando de las unidades militares en este tipo de misiones, incluyendo no solo el mando operativo sino también las potestades disciplinarias. Es preciso definir también quién ordena y como se controla políticamente estas intervenciones, si el Ministro del Interior o el de Defensa. Esta claridad en la cadena de mando es necesaria no solo para garantizar la eficacia de las operaciones sino para exigir también las responsabilidades en el caso de que se produzcan fallos.
