La solicitud de Juan Carlos Iglesias Chouzas, “alias Gadafi” –uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA– de cumplir en España las condenas impuestas, tanto por la justicia francesa como por la Audiencia Nacional, no nos debería extrañar a nadie. Al margen de otras motivaciones personales, ¿por qué no iba un terrorista a preferir, de cara a rendir cuentas ante la Justicia, la España de ZP –por mucho que aquí tenga muchas más pendientes–, si el principal aliado del Gobierno de nuestro país es una formación independentista, que en Perpiñán pactó con la organización terrorista “estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español”? ¿Por qué no preferir un país cuyo Gobierno, no ya es que “estudie rebajar la severidad de las penas”, sino que abiertamente ha ofrecido y sigue ofreciendo impunidad a los etarras en un mal llamado “proceso de paz”?
Francia, con todos sus defectos, no es un país donde quien “sacude el árbol recoge nueces”, y su Gobierno no hace ofertas de “diálogo” a los terroristas, sino que acaba de presentar, por el contrario, una reforma para el endurecimiento de sus penas. Además, desde la unificación del espacio judicial europeo, cumplir una pena por un delito menor en Francia ya no es un incentivo para eludir penas mayores en nuestro país. En España, además, tras la negativa del Gobierno a ilegalizar a los neobatasunos del PCTV, los legitimadores del crimen vuelven a tener subvención pública y representación parlamentaria. Y hasta se cuenta con ellos para acabar con el Estatuto de Guernica. Los terroristas en España, en definitiva, cuentan a su favor con lobbys políticos de los que carecen los presos en el país vecino.
El ministro Alonso, por su parte, ha tratado de explicar las preferencias de “Gadafi” asegurando que las “motivaciones individuales son cuestión de este recluso como de cualquier recluso que lo pida. Las motivaciones legales objetivas, –nos asegura el ministro– y el cumplimiento objetivo de la Ley, es lo que concierne y lo que le tiene que preocupar al Gobierno”.
Puede ser que la decisión se deba, efectivamente, a motivaciones individuales. Pero es que del encomiable “cumplimiento objetivo de la ley” nos habla un ministro de un Gobierno que –conviene recordar–, ningunea de hecho la Ley de Partidos y que está dispuesto a suavizar o eximir de pena a terroristas presos en función de la tregua que hagan o dejen de hacer los terroristas que siguen en libertad.
La desfachatez de Alonso queda aun más en evidencia si tenemos presente que sus tranquilizadoras palabras en favor del “cumplimiento objetivo de la ley” las ha pronunciado menos de veinticuatro horas después de que “fuentes socialistas”, a través de El País, trataran de presionar a la Administración de Justicia en favor de la ya iniciada negociación del Gobierno con los terroristas, en general, y de la excarcelación sin fianza de Usabiaga, muy en particular. Y es que, a diferencia de lo manifestado por Alonso, las “fuentes socialistas” citadas por el diario gubernamental consideraban, tal y como denunciábamos ayer, que “el cumplimiento de la ley no puede abstraerse del contexto en que se aplica”.
Ciertamente, el “contexto” de apaciguamiento y de “diálogo” con los terroristas que ha alumbrado el gobierno del 14-M, y que conlleva la disolución de los pilares del Estado de Derecho, no ha pasado desapercibido; ni para los terroristas, ni para sus víctimas. Ahí está, para demostrarlo, el editorial del diario proetarra Gara de este martes considerando que la excarcelación de Usabiaga demuestra que el Gobierno, “cuando quiere”, dispone de los “mecanismos” para lo que, eufemísticamente, el diario abertzale llama “conjugar la independencia judicial con las necesidades del Estado”.
Si esa indecente presión del Gobierno a la Justicia, –ineludible, sin embargo, en todo proceso de negociación con terroristas–, satisface y nutre de esperanzas a los proetarras, no deja de indignar a las víctimas. Así, el presidente de la AVT no ha podido dejar de manifestar sus más que justificadas sospechas de que las últimas decisiones judiciales sobre ETA y su entorno forman parte de un proceso de negociación entre el Gobierno y la banda terrorista. El presidente de la AVT dijo de las últimas sentencias que le hacen "pensar que el proceso de chantaje está surtiendo efectos en el ámbito de la Justicia", y consideró especialmente grave la puesta en libertad sin fianza de Usabiaga.
Y es que, al margen de las “motivaciones” de “Gadafi” o de la puesta en libertad sin fianza de Usabiaga, hay algo de una objetividad y gravedad insoslayable; y es que el imperio de la ley exige sentar en el banquillo de la Justicia a quienes el Gobierno del 14-M quiere, en realidad, ver sentados en una mesa de negociación.
