La razón de ser del gobierno es proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos. Cuando se pierde ese enfoque conceptual, la población paga las consecuencias con su vida y su bienestar.
El huracán Katrina nos ha mostrado la ineficiencia, torpeza e ineptitud del gobierno. No voy a relatar las tragedias sufridas por decenas de miles de personas. Eso lo hemos comprobado con horror en la televisión y la prensa día tras día. Tampoco es mi propósito culpar a funcionarios locales miembros del Partido Demócrata ni a funcionarios federales nombrados por una administración republicana. Aunque allí se centrará el debate durante los próximos meses, el fracaso es mucho más grave porque es la institución que llamamos Estado la que evidentemente no funcionó.
La gran mayoría de los políticos y burócratas de Estados Unidos no parecen ser conscientes del contenido de los documentos fundamentales de la nación, como la Declaración de Independencia y la Constitución. Las fuerzas que hoy predominan en el mundo de la política, tanto nacional como local, impulsan la repartición de favores y ventajas a determinados y poderosos grupos de presión, con el fin de conseguir la reelección. Así vemos que la izquierda política busca ampliar el tamaño del gobierno, reemplazando la acción privada por la pública, mientras que la derecha busca moralizar a la sociedad, invadiendo militarmente a otras naciones y encarcelando a ciudadanos por el “delito” de consumir drogas, con lo cual se ha logrado incrementar la riqueza y poder de mafias de narcotraficantes.
La realidad es que la administración “conservadora” de George W. Bush es la que más ha aumentado la burocracia y los gastos gubernamentales desde los tiempos de Lyndon Johnson, en parte por estar siempre dispuesta a apoyar el crecimiento del estado de beneficencia a cambio de restricciones a las libertades civiles, presuntamente en beneficio de la seguridad nacional.
Hoy la ciudadanía, especialmente la gente de Nueva Orleáns, está pagando un precio muy alto por las erradas prioridades de los políticos. El Army Corp of Engineers (Cuerpo de Ingenieros del Ejército) es el ente gubernamental encargado de construir y mantener los canales, como también las murallas que protegen a Nueva Orleáns, por estar la ciudad por debajo del nivel del mar y del río Misisipi. Esas murallas no fueron diseñadas para proteger a la ciudad y a sus habitantes de huracanes más fuertes que los de categoría tres. Y no es secreto que en la última década la misión principal de ACE ha sido fiscalizar, multar y expropiar a dueños de terrenos que se inundan algunos días al año, para evitar que los propietarios hagan uso de sus tierras y que éstas sean dedicadas más bien a la protección de animales silvestres.
Otro elemento político que influyó negativamente en la tragedia es la gran cantidad de viviendas públicas en una ciudad con tanta gente pobre como Nueva Orleáns. Es realmente absurdo que un cuarto de siglo después de que Margaret Thatcher convirtió en orgullosos propietarios de sus viviendas a los miembros de más de millón y medio de familias británicas que vivían como inquilinos del Estado, provocando así un inmenso auge económico que benefició directamente a los más pobres, aquí en Estados Unidos el gobierno siga jugando el papel de casero porque los políticos y burócratas no quieren perder ese poder.
En los grandes conglomerados de viviendas públicas se concentran los narcotraficantes y las pandillas de ladrones. No hay propiedad privada, no hay dolientes, no hay mantenimiento, no hay beneficio por buen comportamiento como sucede en el mercado y las familias pobres se ven obligadas a convivir con maleantes armados que se aprovechan de cualquier suceso para robar, saquear y disparar impunemente a los demás.
En estos días hemos visto en Nueva Orleáns las terribles consecuencias de la pérdida del sentido de prioridades por parte de la clase política dirigente.
