El escándalo por corrupción en Brasil involucra no solamente al gobierno sino también a parlamentarios y a las más importantes figuras políticas, justo cuando los partidos comienzan a prepararse para las elecciones presidenciales de 2006. Dejando de lado los numerosos casos anteriores, esta nueva serie comenzó en el seno del gobierno, siendo uno de los protagonistas José Dirceu, quien tuvo que renunciar como ministro de la Casa Civil (jefe del gabinete) y mano derecha del presidente Lula.
Las denuncias fueron iniciadas por el diputado Roberto Jefferson, ex aliado del gobierno, al reconocer que él mismo recibió en julio del año pasado cerca de 1,7 millones de dólares para pagar "deudas" de campañas políticas. Ya cayeron varias figuras del gobierno y las denuncias involucran a legisladores de otros partidos, por recibir pagos a cambio de su apoyo a las iniciativas del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Lula.
Además de los sobornos, hay varias denuncias de desvío de dinero de empresas estatales a las "cajas" de ciertos partidos. Gran parte de los recursos provenían de entidades oficiales y "propinas" de empresarios favorecidos por contratos del Estado, lo que no es de extrañar en un sistema donde tradicionalmente la poderosa burguesía industrial de Sao Paulo vive muy bien gracias a la protección estatal, a costa de los brasileños más pobres.
"Es una crisis más profunda que la del gobierno de Fernando Collor de Mello -destituido por el Congreso por corrupción-", señala la analista brasileña Lourdes Sola. Sorprendentemente, la oposición acordó no exigir un juicio político a Lula, pero es que pocos políticos quieren ver en la jefatura del Estado al vicepresidente José Alencar, del derechista Partido Liberal, con fuertes convicciones nacionalistas y que lanzaría una política pro empleo con obras públicas, a la vez que se opondría a la política de intereses bancarios elevados y al FMI.
La situación es tal que, según la encuestadora Datafolha, 49% de los brasileños considera que no existe político honesto en su país y que si lo hay, no lo conocen. Además, por primera vez las encuestas brasileñas indican que Lula perdería las elecciones si lanza su candidatura a la reelección.
La crisis en Brasil está afectando a la economía, ya que el gobierno no parece que logrará la aprobación del Congreso de su reforma tributaria, como tampoco de la reforma laboral, con las que se reducirían los costos de las inversiones. En Brasil, "la carga tributaria equivale a más del 35% del PIB y una empresa puede llegar a pagar 61 tipos diferentes de impuestos", declaró recientemente un destacado empresario.
La economía brasileña, que en 2004 creció 4,9%, este año aumentará apenas 2%. El Tesoro dejará de comprar dólares mientras dure la "volatilidad" y adoptará una actitud más "prudente" en la oferta de títulos públicos, dólares que utiliza para pagos de la deuda externa.
De visita en Brasil, el presidente venezolano Hugo Chávez declaró a la prensa: “Lula y su gobierno tienen la fuerza, voluntad, coraje, disposición y capacidad de sobrepasar este y cualquier otro problema”.
