Las medidas de control que se van a impulsar a nivel europeo para intensificar la lucha contra el terrorismo nos llevan a una discusión que desde el 11-S ha estado en todas las agendas. Las medidas incluyen la obligación de almacenar todos los emails, registros de llamadas de teléfono y SMS por parte de los operadores durante un año.
El problema, lógicamente, no es que se tomen medidas para situaciones preocupantes como la que plantea el terrorismo islámico. Todos queremos luchar contra el terrorismo y vencerlo. El conflicto surge cuando para hacer frente a los retos que nos plantea el terrorismo establecemos límites a nuestros derechos sin la certeza de que nos vayan a perjudicar en un futuro hipotético. Recordemos, por ejemplo, aquellos registros de llamadas que empleados de Telefónica hicieron públicos en medio del escándalo de los desertores de la Asamblea de Madrid (Tamayo y Sáez). Nuestra privacidad y nuestra libertad valen un precio muy alto. No estoy seguro de que los beneficios de estas medidas compensen el hipotético daño que pueden sufrir nuestras libertades individuales.
Porque, seamos francos, los terroristas son capaces de saltarse cualquier de estos controles y volver locos a los servicios de inteligencia. No es tan difícil. En la era de la sobreinformación y la tecnología es relativamente sencillo pasar desapercibido. Además, los ingentes medios que harían falta para procesar todo ese volumen de información convierten el esfuerzo –titánico- en una representación absurda. La única conclusión que podemos extraer de este anuncio es que el objetivo es meramente dar lustre a la imagen de los servicios de inteligencia, crear una falsa apariencia de seguridad para que los ciudadanos piensen que podemos salir un poco más tranquilos a la calle.
Pero no merece la pena. Así no conseguiremos frenar a los terroristas. De entre los cientos de medidas que podemos tomar para luchar contra el terrorismo esta es una de las más infructuosas y equivocadas. Y lo único que se resiente son nuestros derechos individuales. El ciudadano de a pie va a pagar con parte de su privacidad el asesinato indiscriminado de inocentes que tanto condena. Con prácticamente nula utilidad práctica.
