Como reacción a la masacre cometida por los terroristas en Londres, el Ejecutivo de Tony Blair ha anunciado que pedirá a la Unión Europea permiso para poder ejercer un mayor control sobre Internet y la telefonía. En concreto, quiere que operadoras y proveedores almacenen todos los datos de llamadas telefónicas, navegación por Internet y envío de mensajes de tanto de texto por móvil como de correo electrónico de todos sus usuarios. Además, el Gobierno de Su Graciosa Majestad quiere que dicho registro sea proporcionado a la Policía cuando lo solicite.
No es nada nuevo esta tendencia de muchos gobernantes a aumentar el control estatal sobre los ciudadanos cuando se produce un atentado. Hay quien ve en el terrorismo una excusa. En algunos casos sin duda es así, en otros se trata más bien de una reacción equivocada ante el terrorismo.
Tampoco hay nada o casi nada nuevo en el tipo de propuesta que ha realizado el Ejecutivo británico. Lo habría tan sólo si la intención del Gobierno de Londres fuera que los datos referidos a un ciudadano puedan ser entregados a la Policía sin que para ello se requiera una orden judicial. En caso contrario, la petición será calcada a la propuesta anunciada hace algo más de un mes por la Comisión Europea (que, por cierto, tampoco especificó si para entregar los registros hará falta la actuación de un tribunal). Por tanto, en este aspecto no hay tampoco nada nuevo bajo el sol.
De hecho, la anunciada petición del Gobierno británico entra dentro de la lógica del camino hacia un 1984 electrónico inspirado y dirigido desde Bruselas. El primer paso fue autorizar a los estados a introducir en su legislación la obligatoriedad, por parte de los proveedores, de retener los datos de navegación por Internet de sus usuarios. Tras varios pasos, se llegó a la anunciada propuesta de hace un mes. El siguiente paso, que conociendo al Gran Hermano bruselense es bastante posible, será pretender que las Fuerzas de Seguridad puedan acceder a toda esa información sensible para la intimidad de los ciudadanos sin necesidad de un control judicial.
Los ciudadanos no deben bajar la guardia contra estas intromisiones del Estado en su vida privada a través del teléfono e Internet. Para comprender mejor la gravedad de las propuestas británica y de la Comisión europea es suficiente con señalar el equivalente en el mundo off line. Se trata de un escenario demencial: cada ciudadano tendría detrás a un funcionario que tomaría nota de con quien habla en cada momento del día, las empresas de correos deberían dejar constancia de a quién y de quién recibe una carta o un paquete cada uno de nosotros, el quiosquero debería tener un archivo donde apuntaría que periódico o revista compra cada cliente… A ningún político de un sistema democrático se le ocurriría pedir algo así. Sin embargo, no les parece grave hacerlo en la Red y con los teléfonos.
