Hay un hecho insoslayable, por mucho que quiera evitarlo la ilimitada capacidad del PSOE de tergiversar los hechos y de ocultar la realidad, es que Manuel Fraga Iribarne, a sus 82 renqueantes años, acaba de ganar, por quinta vez consecutiva, las elecciones autonómicas gallegas. Y lo ha hecho por goleada, con casi trece puntos de diferencia sobre el segundo partido más votado y en una de las elecciones en las que se ha registrado mayor participación.
La escasa diferencia de los restos, el peso del voto de los emigrantes gallegos y su tradicional respaldo al Partido Popular permiten, además, prever que la indiscutible mayoría obtenida por Fraga se convierta, finalmente, en una mayoría absoluta con la consecución de los 38 escaños.
Bien es verdad que de consolidarse, tal y como están, los resultados, los derrotados tendrían margen para, sumando fuerzas, arrebatar el gobierno al partido ganador de estas elecciones. Con independencia, sin embargo, del escrutinio de los residentes ausentes, que se resolverá el próximo día 27, lo que cabe destacar es que Fraga, con sus virtudes, sus defectos y con el apoyo de Rajoy, ha obtenido unos históricos resultados que le deben llevar, con orgullo y satisfacción, a liderar su previsto y merecido relevo desde la, más que merecida, presidencia de la Xunta.
Lo demás son simples componendas entre claros derrotados, para lograr, más que una verdadera alternativa, un nuevo y claro guirigay programático, de esos que sólo el PSOE es capaz de liar con tal de ascender al gobierno tras unas elecciones en las que ha sido derrotado.
Lo paradójico es que la llave para llevar a cabo la maniobra que permitiría, sin violar la legalidad, desbancar del gobierno autonómico al claro vencedor de estas elecciones, la tendría en su mano el más claro derrotado en las mismas, como es el BNG.
Será legal, pero ciertamente sería discutible su normalidad democrática. El sistema electoral español, construido durante la transición para beneficiar a las minorías con el objetivo de que se sumaran con fidelidad al marco constitucional, ha terminado por convertirse en un mercado negro en el que minorías contrarias a la Carta Magna obtienen unos réditos de poder en proporción inversa a su representatividad popular.
Sin embargo, y por mucho que los nacionalistas gallegos hayan perdido cuatro escaños, aquello es exactamente lo que ocurría si Touriño y los socialistas gallegos se empeñan en transformar su derrota en una posibilidad de gobierno. El BNG seguiría, en tal caso, teniendo la misma fuerza para presionar al PSOE como la tendría de haber mantenido o incluso mejorado su representación parlamentaria. Si ZP y Maragall han sido incapaces, a pesar de haber sido los más votados en sus respectivos ámbitos, de negar nada a los separatistas, qué peaje no pagará Touriño a los nacionalistas con tal de arrebatar el gobierno al partido más votado en Galicia.
