Muchos liberales se debaten ante la cuestión del sindicalismo y reivindicaciones sociales. Todo individuo ha de tener el derecho a reunirse o crear organizaciones. Pero del derecho a la organización no se desprende, para nada, el derecho positivo concedido por el estado a la extorsión y la amenaza. Las consecuencias económicas de esta forma de actuar sólo nos llevan a mayor incertidumbre laboral y al mantenimiento de unos pocos a expensas del resto de la sociedad:
- Reivindicación de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son privilegios de un grupo de trabajadores arrancados a los productores gracias a la fuerza unilateral de la ley y el estado. Si por razones ajenas a la producción individual se eleva el sueldo nominal del resto de trabajadores, eso significa que la empresa va a tener menos capacidad de competir ya que tendrá que ofrecer precios más caros y menos empleos que ofrecer a aquellos que quieran entrar en el mercado laboral.
- Reivindicación de los derechos de la mujer. Si hiciésemos un estudio sobre quién cobra más, si los hombres con pelo rubio o moreno, el resultado sería que hay una discriminación de unos en contra de los otros. Pero a todas luces tal estudió sería ridículo. A cada persona se le retribuye por el esfuerzo y logros que consigue para la empresa por la cual trabaja. Da igual que sea un hombre una mujer, un extranjero, un rubio o un moreno. Si por ley aumentamos el sueldo a todas las mujeres (u hombres de pelo moreno) independientemente de su nivel de producción sólo haremos que las empresas contraten a menos mujeres (u hombres morenos) y estaremos incentivando el desempleo femenino (y de los morenos).
- Salario mínimo. Si establecemos una retribución mínima por el trabajo de todos por encima de la que estima el mercado, sólo incentivaremos el desempleo de los menos capacitados para trabajar; como jóvenes, gente con poca especialización, inmigrantes que escapan de su país, etc. Si los sindicatos y el estado impusieran una ley por la cual los becarios han de percibir un sueldo de 6.000 euros mensuales esto no haría ricos a los becarios, sino que los haría desaparecer del mundo laboral.
- Convenios colectivos. Los convenios sólo generan un perdedor real: el trabajador. Si un convenio establece en un sector unos “beneficios sociales” muy altos lo único que conseguiremos es que automáticamente el sector se inunde de personas con bajos niveles de producción para vivir a expensas de los beneficios del sector. Con los años todos estaremos sin trabajo.
- Condiciones de trabajo. ¿Qué son buenas condiciones de trabajo? ¿las que dicta un político o jefe sindical a cientos de kilómetros de donde trabajamos? Obligar a una empresa a gastar su dinero y la capacidad creadora de sus empleados a resolver tan inocuos temas sólo generará menos capacidad de producción y otra barrera de entrada para aquellos que quieren empezar a trabajar. La correcta posición de una silla de trabajo, o de una “buena ventilación” no nos proporciona más comodidad y seguridad, sino más precariedad laboral.
- Indemnizaciones por despido. Si obligamos a las empresas a pagar indemnizaciones, lo único que tendremos son personas demasiado acomodadas que no permitirán la entrada de jóvenes con mucho por ofrecer. Y a la vez también estaremos incentivando la ociosidad laboral, la baja producción, encarecimiento de los productos nacionales y entrada de productos extranjeros (de China, Marruecos…).
La aplicación de las reivindicaciones sociales no son un logro, sino un retroceso. Los niveles de alto desempleo y escasas oportunidades de encontrar nuevos trabajos en Europa han sido el experimento fallido del sindicalismo radical y del estado omnipotente.
