La trampa es considerar que existe un “proceso de paz”. No puede haber “paz” porque no hay guerra, solo asesinatos y extorsión de una parte contra otra. Tampoco la banda terrorista ha declarado una “tregua”, no solo porque no hay contendientes, sino porque en los dos últimos años ha colocado 54 bombas, y ha herido a más de 60 personas, amén de frustrarse policialmente atentados de gran envergadura. Los etarras no han matado porque no han podido. Simplemente.
Otra falacia es considerar que en el País Vasco existe un “conflicto político” por la incomprensión de los opresores –los españoles– a los oprimidos –los abertzales–. Las provincias vascas tienen el mayor grado de autogobierno de su historia y de Occidente, y aún así vive el nacionalismo instalado en el victimismo insultante. Producto de esta obsesión, no sólo vasca, es la indolencia gubernativa: el gobierno tripartito catalán se ha mostrado como el menos legislador desde la aprobación del Estatut. En plena democracia, el único conflicto político que existe en el País Vasco es el recorte de libertades que sufren los que no son nacionalistas.
La creencia de que no habrá “precio político” es ingenua. Dos mesas, dos precios. En la negociación con ETA, el gobierno podrá prometer facilidades jurídicas a los presos, el acercamiento, la conmuta por buena conducta. Ya lo dijo López Garrido: si ETA se disuelve, ya no serán terroristas, y el trato será otro. El Estado de Derecho estará, así, hecho añicos; pero en esto, los socialistas tienen experiencia, no hace falta más que recordar el supuesto atajo de los GAL. En la otra mesa se pondrá el “precio político”: el reconocimiento implícito del “derecho de autodeterminación” con la convocatoria del referéndum y, con ello, que la nación vasca es distinta de la española. Y una vez reconocido en el País Vasco, ¿quién lo negará en otras partes de España?
Los socialistas no deben olvidar que les felicitan por su actitud partidos que han negociado con ETA mientras había muertos en la mesa. Así lo hizo el PNV en el pacto de Estella, en 1998, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. Y, posteriormente, ERC en Perpiñán, de lo que ahora se vanaglorian públicamente, pero que en su día obligó a Maragall a sacar del tripartito a Carod Rovira. Es lógico, por tanto, que aplaudan la iniciativa de Zapatero aquellos que esperan sacar del “proceso de paz” otro modelo de financiación, el pago de una supuesta “deuda histórica”, o el discurso político que su inanidad intelectual no les concede.
