En una situación normal la política la hacen fundamentalmente los partidos y los políticos profesionales, porque se da por supuesto que el “suelo” de la democracia, es decir, las libertades y la unidad nacional, no están amenazadas o puestas en cuestión por ninguna fuerza política importante. Ante la creciente amenaza del terrorismo y de los separatismos vinculados a él directa o indirectamente, pareció que los dos grandes partidos nacionales cerraban filas en el Pacto Antiterrorista, lo cual dio una sensación de seguridad a la ciudadanía. Pues la amenaza no revestiría excesiva gravedad si dichos partidos le hacían frente sin ambigüedades. Pero eso ya no ocurre. El Pacto ha sido arruinado por un gobierno inmerso cada vez más íntimamente en tratos ilegítimos con los principales enemigos de la paz y la libertad.
Asistimos, pues, a la destrucción rápida y progresiva, por medio de hechos consumados, del espíritu reconciliador de la Transición y de la Constitución de 1978, es decir, de la democracia y la unidad nacional. Ello crea una situación de anormalidad pues afecta a principios básicos e irrenunciables cuya salvaguardia no concierne exclusivamente a los partidos, sino a todos los ciudadanos. Muchos se plantean qué hacer ante esta deriva cada día más peligrosa. En el libro Contra la balcanización de España expongo este problema.
Conviene distinguir ante todo el momento. El problema, repito, no sería grave si los dos partidos nacionales mantuvieran ante él una sólida posición de principios, pero al no ocurrir así, el peligro aumenta enormemente. No cabe dudar de que la política del actual gobierno aboca a la violencia. Sus campañas de estilo batasunesco previas a su llegada al poder, su actitud complaciente o algo peor hacia Al Qaeda y la ETA, hacia los separatismos vasco y catalán, o hacia Fidel Castro o Mohamed VI, su recuperación de los odios del pasado, etc., generan una crispación y enconamiento social que creíamos cosa de un pasado remoto. Y no se vislumbra la menor rectificación o marcha atrás en esa senda, sino al contrario. No obstante creo posible todavía, en los momentos actuales, un cambio de rumbo mediante una presión ciudadana enérgica y pacífica.
¿Cómo puede ejercerse tal presión? En primer lugar no se trata, o no se trata solo, de una presión de partido, pues ciertamente la amenaza no afecta solo a tal o cual partido, sino a toda la ciudadanía, incluida la que ha votado al actual gobierno o incluso a los separatistas, apoyados por mucha gente de buena fe que ignora casi todo acerca de ellos. Mi amigo Juan Carlos Girauta opina que la movilización ciudadana puede evitarse si el PP ejerce con firmeza la defensa sin complejos de la libertad y de España. A mi juicio una cosa no impide la otra. Y debe recordarse la existencia de un amplio sector claudicante en el seno de ese partido, muy dispuesto a burlar a sus votantes y a arreglarse con el gobierno y sus medios de masas si no percibe una clara decisión popular de impedir el derrumbe de la Constitución, esto es, de la convivencia democrática alcanzada con tanta dificultad después de un siglo convulso.
La batalla, por así llamarla, se libra hoy en el terreno de la opinión pública. No basta con leer y sentirse confortado con opiniones como las expresadas en Libertad Digital y otros medios. Es preciso que cada persona que siente la democracia y la unidad de España se movilice en la medida de sus posibilidades, tratando de crear opinión en su entorno familiar, laboral o de amigos, difundiendo artículos y argumentos, formando círculos activos con quienes estén de acuerdo en su medio, interviniendo en foros y blogs o creando páginas en internet, enviando cartas a la prensa, etc. Y saliendo a la calle si es preciso, que lo va siendo, para manifestar su protesta y resolución de resistir a la deriva antidemocrática impuesta por el gobierno. Pues la democracia no descansa primordialmente en los partidos, sino en la decisión ciudadana de defender la libertad.
