Desde hace un cierto tiempo, tengo en algunos viajes a países de nuestro entorno cercano una extraña sensación, casi como un “viaje al futuro”: tengo la impresión de que, en algunos privilegiados lugares, Internet funciona. Y con esto de que “Internet funcione” me refiero, en primer lugar, a que Internet “esté”. Algo tan sencillo como que en muchas ciudades en países no demasiado lejanos, baste con encender un ordenador en cualquier sitio y posiblemente ingresar un número de tarjeta de crédito en la página que aparece, para disfrutar de una conexión de banda ancha barata, de calidad, plana, en la que uno no se tiene que preocupar ni del tiempo que lleva conectado, ni de la cantidad de información que se baja. Lo que denominaríamos el mínimo imprescindible para utilizar Internet y acceder a la riqueza de sus recursos.
Por supuesto, cualquier operadora me rebatiría esta afirmación, y me diría que Internet ya está a día de hoy disponible desde cualquier rincón de la geografía española a través de sus servicios. Sin embargo, no es así. El acceso a Internet a través de GPRS o UMTS dista mucho de alcanzar el mínimo imprescindible para ser considerado un acceso de calidad. En primer lugar, por su precio, que provoca que únicamente se planteen utilizarlo una serie de ejecutivos cuya factura telefónica es pagada por un tercero. En segundo lugar, por la velocidad real, no la teórica, que hace que cuando utilizamos este tipo de servicios vengamos a rememorar, prácticamente, los tiempos del módem y la conexión telefónica. Y en tercer lugar, y para mí más importante, por la sensación de “fugacidad”, de que por defensa propia debo conectarme con precaución, con todas mis tareas preparadas, intentando minimizar el tiempo consumido y la cantidad de información recibida para evitar incurrir en una factura prohibitiva. Eso no es acceso a Internet. Al menos, no como lo entendemos hoy en día.
Posiblemente el problema venga precisamente de ahí. Quienes ofrecen los servicios y quienes aprueban el hecho de que existan esas concesiones para su explotación en régimen de oligopolio son personas que, simplemente, desconocen Internet. Son de otra generación. Seguramente piensan que con conseguir una conexión es suficiente, que la calidad de la misma no es preocupante –total, suerte tienen con tenerla– y que, en realidad, Internet se utiliza, como mucho, para descargar algunos correos rápidamente. Pretender navegar o acceder a contenidos es algo que, decididamente, sólo hacen los viciosos, los raros, individuos, sin duda, de marcada peligrosidad social.
Así, mientras en una serie creciente de ciudades europeas, asiáticas y norteamericanas se afanan en ofrecer redes de acceso a Internet a escala metropolitana, “un Internet que funciona”, aquí nos dedicamos a complicarnos conceptualmente la vida con si el hacerlo significaría o no una competencia desleal para con las operadoras que llevan años invirtiendo en infraestructura. Si debe ser municipal y financiarse con los impuestos, o semi‑municipal, con una red pública abierta a operadores en libre competencia, o completamente privada. Pues perdónenme, pero si tras años de competencia oligopolística e inversión en infraestructuras, todo lo que han conseguido los actores actuales es la deficiente situación de conectividad que tenemos hoy en día en el centro de cualquier ciudad española, éstos merecerían la suspensión de cualquier tipo de prerrogativa competitiva, la expulsión al Gulag siberiano de sus principales ejecutivos e incluso su esterilización preventiva para evitar cualquier posible contribución al pool genético. Tras años de progreso tecnológico y de avances imparables en desarrollos de conectividad, todo lo que puedo disfrutar en el medio de Madrid es la posibilidad de encontrarme una red abierta de algún vecino encantador o despistado, y una operadora que si le compro una tarjeta, me permite acceder a información a un euro por mega de transmisión. Simplemente, inaceptable.
