Nadie puede cantar victoria en el País Vasco porque las circunstancias envenenadas en las que se han celebrado las elecciones son un fracaso colectivo. Después de tantos años de democracia, de extensión, garantía y respeto a los derechos y libertades inalienables de los ciudadanos españoles, el País Vasco sigue siendo un territorio de excepción, una laguna en el estado de derecho.
Condenar a la ETA, condenar la violencia, se había convertido hacía tiempo en el certificado de respeto mínimo a las reglas, en el expediente de homologación sin el cual resultaba imposible incorporarse con normalidad a la acción política y al juego institucional. Ese certificado ya no se exige, y no porque el gobierno se haya inhibido ante la irrupción de esa nueva candidatura, apenas disfrazada, de los terroristas, sino porque Zapatero ha dado a entender, en plena campaña, que está dispuesto a dialogar con el PCTV. Disposición que es el más claro reconocimiento de su verdadera naturaleza: la del PCTV y la de Zapatero.
El Pacto contra el terrorismo parecía haber aglutinado a los representantes de ese ochenta por ciento largo de españoles que optan por partidos no nacionalistas, y era especialmente esperanzador que la iniciativa de su firma hubiera partido del PSOE. Pero en la precampaña y campaña autonómicas, el presidente del gobierno lo ha desvirtuado, lo ha convertido en papel mojado contraviniendo su espíritu y su letra al negarse repetidamente a convocarlo a petición de una de las partes firmantes, el primer partido de la oposición.
Cuando la ETA parecía casi acabada, recibió el balón de oxígeno de la interlocución política con el líder de la misma formación que sostenía a Maragall y sostendría a Zapatero en sus respectivos gobiernos. Los socialistas han tapado esa ignominia y, por tanto, han contribuir a la normalización de la presencia pública de los postulados terroristas, a su refuerzo.
Las elecciones han vuelto a celebrarse en medio de la misma atmósfera de miedo y de amenazas que han caracterizado toda la vida política vasca desde el inicio de la Transición. Una parte de la izquierda que no admite la quiebra de España y que se reclama heredera de Cádiz ha difundido recientemente un manifiesto (que el diario El País se ha negado a publicar). Las posiciones que defienden habrían parecido de sentido común hace unos pocos años; hoy constituyen una rareza digna de encomio dentro de la general claudicación del llamado progresismo ante las arremetidas anticonstitucionales de los gobernantes del País Vasco.
