Iban advertidos, y no hicieron nada. Al final, de poco ha servido el grito de socorro que los demócratas elevaron al Gobierno para impedir que una lista cuando menos sospechosa y cuando más directamente vinculada con el entorno de Batasuna concurra a las elecciones vascas del próximo domingo. El día 17, el Partido Comunista de las Tierras Vascas, el ya célebre EHAK que está llenando de carteles las calles y pueblos del País Vasco, podrá presentarse ante los electores a pesar de los muchos indicios que la sitúan más cerca de los asesinos que de las víctimas.
Ha sido inútil insistir a lo largo de los últimos días en hechos tan evidentes como que EHAK ha recogido el testigo de la ya ilegal Aukera Guztiak, que sus líderes se han negado en redondo a condenar el terrorismo etarra o que el mismísimo Arnaldo Otegui pidió el pasado viernes públicamente a los batasunos que prestasen su apoyo a la candidatura de los Comunistas Vascos. Para la Abogacía General del Estado la única conexión constatable entre ambas formaciones es que el jefe de prensa es la misma persona, un tal Joseba Zinkunegui. Los abogados del Estado, sin embargo, no han sido en esta ocasión más que la triste correa transmisora del presidente Rodríguez Zapatero, político de oportunidad cuya agenda es otra bien distinta.
Durante el último año, tal y como dejó ayer meridianamente claro Esperanza Aguirre, el Gobierno de Zapatero se ha empeñado en supeditar los intereses de la Nación a los de su partido. No ha existido más proyecto en España en los últimos doce meses que el proyecto privado del PSOE, con el objetivo declarado de hacer de nuestro país un simple trasunto del partido en el poder. En esas coordenadas se entiende que, ante una fecha tan emblemática como la de las elecciones vascas, se haya diseñado desde Moncloa una estrategia tan vil y tan alejada de lo que realmente conviene al País Vasco. Los cálculos de Zapatero consisten, esencialmente, en presentarse como árbitro de la gobernabilidad ofreciendo sus escaños a un PNV preso de la mayoría relativa en la cámara. Para ello no ha tenido empacho en alejarse a conciencia de sus aliados naturales en aquella autonomía que, dadas las anormales circunstancias que padece desde hace años, son los populares de María San Gil.
El broche de oro a la operación de distanciamiento lo ha puesto absteniéndose adrede de una suerte de relegalización de Batasuna bajo otro nombre y con caras nuevas para evitar las sospechas de los jueces. En cuanto al Pacto Antiterrorista que hizo posible la unidad de los constitucionalistas puede considerarse roto, y no precisamente por culpa del PP. Zapatero, sin embargo, ha encendido el ventilador y ha acusado a los populares de deslealtad. Curioso modo de confundir en un dirigente cuyas lealtades inquebrantables son siempre para partidos que, como Esquerra Republicana, tienen como único propósito dinamitar la Constitución y el Estado de Derecho.
