“¿Sabía Zapatero, en el momento de su comparecencia ante la Comisión de Investigación, que uno de los imputados en la masacre, Mouhannad Almallah Dabas, era militante del partido socialista desde mayo de 2004? ¿Sabía Zapatero que Almallah siguió recaudando fondos para los terroristas islámicos tras afiliarse al partido socialista, tal y como dice el auto del juez Del Olmo? ¿Sabía también Zapatero que otro miembro de su partido -el dirigente del PSOE asturiano, Fernando Huarte- visitó en la cárcel, antes y después del 11-M, al terrorista Abdelkrim Benesmail, lugarteniente de Lamari, otro de los imputados del 11-M?”
Mientras seguimos sin tener respuesta a estas preguntas que formulábamos hace ya una semana, hay quienes ahora están dispuestos a desactivar la gravedad de todas estas informaciones. No parece ser, afortunadamente, el caso de Mariano Rajoy, a quien poco le ha importado que la condición del colaborador del CNI de Fernando Huarte, haya sido filtrada por un miembro del gobierno.
El hecho es que el PSOE tiene que dar muchas explicaciones públicas de cómo fue posible que un terrorista imputado en el 11-M pasara a ser militante de ese partido, mientras un dirigente del PSOE asturiano, simpatizante de la “causa árabe”, cultivara, antes y después del 11-M, la amistad de uno de los terroristas islámicos más peligrosos de cuantos se hallan encarcelados. Sólo con posterioridad al conocimiento se este hecho se supo que Huarte, además, actuaba como colaborador del CNI desde tiempos de Felipe González.
Si este miembro del PSOE entabló amistad con el terrorista del GIA encarcelado, no para espiarlo, sino por simple simpatía hacia la “causa árabe” y sin más intereses en su conversación con el terrorista que mostrarle su solidaridad y preocupación por el estado de su salud bucal, Huarte debería ser inmediatamente expulsado del Partido Socialista. Ya está bien de tolerar en las filas de un partido con responsabilidades de gobierno a quienes simpatizan con la causa de los terroristas, sean estos palestinos, argelinos o marroquíes.
Que un miembro del PSOE muestre su amistad al enemigo –y todo terrorista debe ser considerado como tal- sólo es admisible si tiene como objetivo la secreta intención de extraer información que puede ser útil para frustrar sus objetivos terroristas y colaborar en la seguridad de nuestro país.
Si Huarte sí sirvió de fuente para extraer información de las intenciones de los terroristas islámicos, debería entonces comparecer en la comisión de investigación para explicar a quién informaba y de qué.
Desde el PSOE, poco se ha tardado en señalar que un concejal del PP, Vicente Ibor Asensi, es el abogado tanto de Benesmail como de Lamari. La diferencia está en que mientras Rajoy no ha puesto pega alguna a que este abogado comparezca en la comisión de investigación, ZP insiste en darla por concluida sin que comparezca nadie más.
Sin poner al PP y al PSOE en el miso plano, hemos de señalar, no obstante, que Rajoy debería exigir el cese inmediato de Ibor Asensi como militante del PP. Por mucho que este concejal haya actuado en función de su condición de letrado, y por mucho que cualquier reo tenga derecho a una defensa, no es admisible que una persona compagine su militancia en el Partido Popular con la defensa de un terrorista acusado de perpetrar la mayor matanza de nuestra historia. ¿Qué opinaríamos de un concejal del PP que prestara sus servicios profesionales como abogado a un miembro de ETA?
