Un confidencial nos aseguraba este viernes que el próximo paso del gobierno en su sometimiento a las peticiones de la SGAE será un canon por las conexiones de banda ancha, tal y como temía Eduardo Pedreño. Los cálculos que realiza, asumiendo un porcentaje similar al de los CD, darían una recaudación de 432 millones de euros anuales. Puede que sea un parche que no dure mucho, pero en todo caso sería un parche extremadamente lucrativo y muy eficiente a la hora de impedir que los ciudadanos nos hagamos con una conexión a Internet. Quien sabe si entonces el gobierno, escandalizado por el frenazo en nuestro camino a la sociedad de la información, decidirá intervenir con subsidios o medidas similares para que el impuesto de la SGAE lo pague aún más gente. La política es así. El gobierno crea un problema y para solucionarlo crea más, y todo y siempre a costa de nuestro esfuerzo diario.
Muchos se asombran y escandalizan de que, a la hora de legislar este asunto, el gobierno se dedique a escuchar a la SGAE y no a los ciudadanos. Curiosamente, casi siempre son los mismos que se alegran de que exista diálogo social y presionan para que el gobierno no tome medidas económicas sin escuchar a sindicatos y patronal. Sin embargo, ambos casos son equivalentes y forman parte del consenso franquista y fascista en el que nos movemos.
Porque el fascismo no fue originalmente un insulto dirigido a todo lo que esté a la derecha de Stalin, sino una ideología política colectivista ideada por Mussolini y adoptada en parte por Franco. Según la misma, el parlamento burgués no sería legítimo y las decisiones económicas deberían ser tomadas por el gobierno de acuerdo con los intereses afectados, las fuerzas vivas de la nación –hoy fuerzas sociales–, a través de una negociación denominada democracia orgánica –hoy diálogo social. En este contexto cobraba sentido la existencia de un sindicato vertical, como sindicato vertical es la Sociedad General de Autores y Editores, que engloba a músicos y discográficas. La legislación a golpe de bautista a la que Carmen Calvo es tan aficionada no deja de ser una consecuencia del consenso fascista que ha dominado a todos los gobiernos de la democracia. Mientras no sea deslegitimada como se merece la base ideológica de dicho consenso, la SGAE seguirá imponiendo su voluntad en el BOE.
Mientras tanto, me entero de que una institución tan populista y retrógrada como la Junta de Andalucía se permite dar lecciones de modernidad a las demás, ordenando liberar su software, tal y como proponía que debían hacer las administraciones públicas hace un par de años. De este modo, el gobierno andaluz devuelve a la sociedad en forma de software una pequeña parte de lo que le quita con los impuestos. El camino opuesto al que sigue el gobierno español, gracias a las artes del sindicato vertical.
