Cuando una parte sustancial de la clase dirigente de un país se propone subvertir el orden legal desde la raíz, que en el caso de Cataluña es el sistema constitucional español, no hay más mecanismos para evitar el autoritarismo y la corrupción, dos caras de la misma moneda, que los puramente morales de orden personal o ideológico, porque el sistema de garantías legales está maniatado si no muerto y porque, una vez legitimado el delito, es muy difícil, por no decir imposible, limitar sus efectos. El escándalo que se ha producido en el Parlamento de Cataluña tras la acusación de corrupción generalizada al Gobierno autónomo anterior, de CiU, por el Presidente de Gobierno actual, del PSC-ERC-ICV, no radica en la acusación en sí, ni siquiera en el delito mismo, sino en que la acusación fue retirada para “no hacer descarrilar la legislatura” llevando a los tribunales la denuncia por delinquir o por haber sido falsamente acusado del delito. Por encima del partidismo se ha impuesto lo que podríamos llamar el consenso corrupcional. Ya saben los catalanes que hay una instancia superior que permite robarles y que a esa instancia sus dirigentes le llaman Cataluña, sea en forma de Estatuto o de Independencia. No es de extrañar el escaso entusiasmo de la ciudadanía en Cataluña por la deriva separatista: saben que los dejará inermes ante los ladrones. Legales, patriotas, pero ladrones al fin.
El liberalismo parte de la desconfianza sobre lo que la especie humana es capaz de hacer con sus semejantes si puede disponer a su gusto de los mecanismos del Poder. De ahí el equilibrio de Poderes, los pesos y contrapesos, la vigilancia al Gobierno y la libertad de Prensa para buscarle las cosquillas. Pues bien, en ese sentido, pocos territorios, países, regiones o proyectos de Estado menos liberales que Cataluña. Desde hace casi un cuarto de siglo, es decir, desde que llegó Pujol al Poder, el nacionalismo catalán en sus diversas variantes ha usado y abusado del Poder, ha vulnerado la Constitución y el Estatuto de Autonomía que de ella deriva, ha usurpado funciones que no le correspondían y, como consecuencia de todo ello, ha atropellado deliberada y sistemáticamente los derechos individuales de millones de ciudadanos españoles nacidos o habitantes de Cataluña en nombre de una supuesta “liberación nacional” o de una “construcción nacional” que no es sino la liquidación del Estado Español y de toda referencia nacional española para erigir en su lugar, por vía de los hechos consumados, un Estado Catalán donde el nacionalismo antiespañol sea la única ideología legal y real.
