Parece que el actual Gobierno va a cumplir por fin la promesa que hizo en su día, cuando estaba en la oposición, el senador socialista Félix Lavilla y va a modificar la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI o LSSICE). El problema es que lo va a hacer en sentido contrario a lo que prometió Lavilla. Hace unos meses protestábamos por el hecho de que la norma siguiera vigente, ahora vamos a peor. La reforma que se va a aplicar conducirá a una especie de estado policial en la Red en beneficio de esas mismas entidades de gestión que consiguen pingües ingresos a costa de los consumidores de CD y DVD vírgenes gracias a una perversa interpretación de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Con los cambios que se prevén en la Ley de Internet, destinados a "luchar contra la piratería", esta norma merecerá llamarse la LSSI de la SGAE.
Muy pocos de los que se movilizaron contra la LSSI en época de los Gobiernos de Aznar han protestado y expresado su malestar ante unos cambios que la transformarán en una ley todavía más liberticida. ¿Será que para el resto el problema era quién la había preparado y aprobado, y no el contenido de la norma jurídica en sí? Al menos hay quien apoyó en su día la Ley de Internet y ahora muestra su alarma por las reformas previstas en la misma.
Los cambios previstos, a la medida de los deseos de la SGAE, se han decidido sin consultar a la mayor parte de los afectados. Carmen Calvo, la misma ministra de Cultura que despreció los discos y la música en formato electrónico, ha conseguido lo que parecía imposible: poner a las operadoras y los usuarios de Internet en el mismo lado. Los cambios auspiciados por la entidad de "Teddy" Bautista incluyen hacer responsable a los proveedores de Internet de los contenidos ilícitos accesibles a través de su red. Algo tan demencial como convertir a la gestora de una autopista en culpable de terrorismo por el hecho de que en su carretera haya circulado un coche bomba destinado a un atentado o hacer de una línea aérea un cómplice de narcotráfico debido a que algunos viajeros utilicen sus aviones para meter droga en España.
No se trata de que una orden judicial ordene a los ISP que bloqueen el acceso a páginas consideradas delictivas en una sentencia (eso fue lo que pasó con el site de Batasuna), algo lógico que cumple las normas básicas del funcionamiento de un Estado de Derecho. Va mucho más allá. Los proveedores de Internet serán culpables de todo lo que circule o haya circulado por sus redes con independencia de que hubiera constancia de que se trata de algo ilegal. Esa medida puede poner la puntilla a Internet tal como la conocemos. Convertirá a los ISP en censores de la Red, puesto que para protegerse de posibles medidas legales contra ellos se verán obligados a bloquear todo aquello que pudiera ser susceptible de llegar a ser ilegal.
No sólo vendrá la censura realizada por las compañías por imposición del Gobierno. Además para poder llevarla a cabo, los ISP tendrán que manejar sistemas de rastreo que tienen un coste muy elevado, coste que al final repercutirá en la factura que pagan los usuarios. Como con el almacenamiento de datos de tráfico que nos impone la Unión Europea, los españoles tendremos que pagar para perder derechos.