La decisión de la ministra Carmen Calvo de entregar parte del Archivo de Salamanca a la Generalitat de Cataluña era una decisión cantada, visto el entreguismo a los nacionalistas que caracteriza al Gobierno de ZP. Si este Gobierno está dispuesto a fragmentar la nación en un todavía indefinido número de “naciones” y “comunidades nacionales” con tal de satisfacer las demandas del tripartito catalán, lo sorprendente hubiera sido que ahora hubiera denegado esta demanda de los nacionalistas que viene a fragmentar la unidad de uno de los archivos más importantes de nuestro país.
Lo que resulta patética es la forma escogida por el Gobierno de ZP para tratar de camuflar su cesión ante unas pretensiones que no tienen justificación alguna desde el punto de vista académico y que, desde el Ejecutivo, tan sólo tiene como objetivo tener contentos a sus insaciables socios de gobierno. Esta no ha sido otra que la de nombrar una “comisión de expertos” ad hoc que trate de desviar la atención del público ante la desconsideración del Ejecutivo ante una fractura documental y atropello cultural que obedece a puros —más bien impuros—criterios políticos. Que el Gobierno diga ahora que “acata” la decisión de los expertos cuando previamente ha tenido buen cuidado en elegirlos entre aquellos que no están dispuestos a dejar insatisfechas las pretensiones de los nacionalistas, es el colmo de la desfachatez y la hipocresía. Además de que, salvo una excepción, ninguno de estos “expertos” que integran la comisión de marras se ha molestado en viajar a Salamanca, la mayoría de ellos tiene un marcado “perfil” que permitía conocer el mensaje en función del mensajero. Y si no, ahí está el ex presidente del Parlamento catalán, Joan Rigal, como botón de muestra del grado de “independencia” y “rigor científico” que caracterizan a los “expertos” elegidos por ZP.
Aunque el Gobierno quiera lavarse las manos ante un asunto que, en realidad, es de su estricta responsabilidad, lo cierto es que esta medida del Ejecutivo va agravar todavía más la crispación entre las distintas partes de España, por culpa de la reiterada incapacidad de ZP de dejar insatisfechos a sus desestabilizadores socios de Gobierno. Tras denegar el agua al levante, se boicotea la candidatura de Madrid y ahora se despoja a Salamanca de parte de un patrimonio histórico nacional sin razón de peso alguna salvo los intereses particulares del PSOE.
El separatista Carod-Rovira se jactaba hace poco de que “todo lo que he dado y seguiré dando a Zapatero no ha sido ni será por nada”. De nada bueno para España, le faltó decir a quien se fue a Perpiñan a ver cómo podían, según los propios terroristas de ETA, “colaborar en la profundización de la crisis del Estado Español”. En lo político, en lo simbólico o en lo histórico, de eso se trata.