Dahrendorf llamó a los años 90 la "década de la ciudadanía" por la explosión de participación ciudadana que se dio alrededor de los sucesos de 1989. Preparado por las multitudes de Solidarnosc, un sencillo convencimiento: "Nosotros somos el pueblo", derribó el Muro y acabó con el Telón de Acero.
Y así, el Consejo de Europa –con la intención práctica de incorporar a los antiguos países del Este a modelos democráticos, y de modo general, para aumentar los procesos de participación de las sociedades europeas– estableció como un objetivo primordial el desarrollo de políticas en torno a la Educación para la Ciudadanía Democrática (EDC) y los Derechos Humanos (EHR).
Desde entonces en el ámbito europeo se contempla la necesidad de incluir en los sistemas educativos una serie de contenidos dirigidos a lograr una educación para la ciudadanía democrática, y muchos países europeos han implantado contenidos en este sentido, aunque los enfoques son muy variados, los niveles de implantación también, así como el hecho de que la asignatura unas veces es materia independiente obligatoria, otras está integrada en los contenidos de otras –como Historia, Ciencias Sociales, etc.– y en otros casos son meros temas transversales.
El problema en España ha venido cuando el Gobierno no se ha limitado a seguir las recomendaciones del Consejo de Europa en esta materia, sino que ha diseñado una asignatura cargada de ideología que tiene la pretensión explícita de "formar la conciencia moral de los alumnos". Por eso ha generado esta alarma social.
Lejos de ser una simple enseñanza del ordenamiento constitucional, de las instituciones democráticas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc., existen evidencias –cada vez mayores– de que se va a convertir en un instrumento de manipulación ideológica por parte del Estado, y que utilizando como coartada la denominación homónima con Europa, se busca en realidad uniformizar a la sociedad en torno a la ideología dominante.
Al reconocer en su pretensión que pretende formar la conciencia moral de los niños y jóvenes desborda las recomendaciones del Consejo de Europa y usurpa una responsabilidad y un derecho fundamental de los padres, poniendo además en riesgo la existencia misma de la libertad y pluralidad ideológica.
A principios de 2003 se creó en el seno de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea un grupo de trabajo sobre "Entorno de aprendizaje abierto, ciudadanía activa e inclusión social". Unos de sus objetivos era garantizar "la promoción eficaz del aprendizaje de valores democráticos y la participación democrática de todos los miembros de la escuela con el fin de preparar a las personas para la ciudadanía activa".
Durante la Presidencia Holandesa del Consejo de la Unión Europea en el semestre julio-diciembre 2004 se elaboró un estudio que recogía cómo se imparte la educación para la ciudadanía en los centros docentes de los 30 países que abarca la Red Eurydice.
Como decía el Comisario de Educación Jan Figel en el prólogo al documento La Educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo: "La Educación para la Ciudadanía, que incluye el aprendizaje de los derechos y deberes de los ciudadanos, el respeto por los valores democráticos y por los derechos humanos, y la importancia de la solidaridad, tolerancia y participación en una sociedad democrática, está considerada como un instrumento para que niños y jóvenes se conviertan en ciudadanos responsables y activos."
Por otro lado, en cualquier documento europeo que sobre estos temas se consulten lo que se observa es la neutralidad a la hora de definir los valores del "buen ciudadano". Empezando por el "Glosario" oficial de términos sobre el que tuvieron que ponerse de acuerdo los países en 2001. En los documentos europeos, "ciudadano" es, sencillamente, "aquel que coexiste en una sociedad".
Asimismo, el término "democracia" se define como el modo o manera de vivir juntos en comunidad, estableciendo como valores fundamentales que han de regir las relaciones el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana, el pluralismo, la diversidad cultural y el Estado de Derecho, principios básicos de las políticas en EDC.
La muy citada Recomendación (2002)12 explicita las razones que justifican la necesidad de adoptar las políticas en educación democrática de los ciudadanos:
"Preocupado (el Consejo de Europa) por el nivel creciente de apatía política y cívica, por la falta de confianza en las instituciones democráticas y por el aumento de los casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, intolerancia con las minorías, discriminación y exclusión social, que constituyen graves amenazas para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas. Deseoso de proteger los derechos de los ciudadanos, sensibilizarlos con respecto a sus responsabilidades y reforzar la sociedad democrática."
La Recomendación afirma que "la educación para la ciudadanía democrática es esencial para la misión principal del Consejo de Europa, que es promover una sociedad libre, tolerante y justa, y que contribuye, junto con las demás actividades de la Organización, a la defensa de los valores y los principios de libertad, pluralismo, derechos humanos y Estado de Derecho, que constituyen los fundamentos de la democracia."
Pero no menos relevante es la Recomendación 1401 de 1999, que afirma: "No pertenece a un Estado Democrático definir las reglas de todo el comportamiento humano, pues las actitudes morales y éticas deben permanecer en la esfera de la libre elección del individuo, aunque siempre respetando los derechos del otro."
Esta es sin duda la razón por la que las políticas europeas no cuestionan el tipo de ciudadano, ni mucho menos inciden en sus valores. Por tanto, a la vista del currículum español fijado en los Reales Decretos, podemos afirmar que el Gobierno ha incumplido clamorosamente las Recomendaciones del Consejo de Europa, y en definitiva, el espíritu del proyecto de Educación para la Ciudadanía Democrática, desvirtuando las políticas en EDC.
