La clave está en la lengua española. El gran filólogo Rafael Lapesa lo escribió en Cuenta y Razón en 1989:
Lo que sucede hoy –y mi responsabilidad de intelectual me obliga a denunciarlo– es que estamos asistiendo a un calculado intento de desintegrar España.
Se refería Lapesa al ataque nacionalista contra todo lo español, y en especial contra la lengua española. Un indicio de por dónde iban los tiros se tuvo cuando la Constitución dictaminó, contra el criterio de la Real Academia de la Lengua, que la lengua común de los españoles debía denominarse castellano. La ofensiva nacionalista tenía desde el comienzo de la democracia el objetivo de eliminar cualquier vestigio de la nación española constitucional e histórica.
La canonización franquista de la lengua española mutó durante la democracia en la santificación de las lenguas particulares de Cataluña, País Vasco y Galicia. El español fue perseguido en dichas comunidades, se castigó a quienes rotulaban sus comercios en dicho idioma y los hispanohablantes fueron sometidos a acoso institucional en los centros educativos. La Constitución de 1978 era un intento magnífico de reconciliar a todos los españoles a través del establecimiento de un bilingüismo sólido en las comunidades con dos lenguas propias. Sin embargo, cuando Cataluña, País Vasco y Galicia establecieron sus leyes de normalización lingüística traicionaron el espíritu de concordia de la Constitución instituyendo un clima de persecución y acoso de los ciudadanos que preferían expresarse y estudiar en español. Los centros educativos se convirtieron, permítanme la analogía, en campos de exterminio de todo lo que oliese a español, empezando, claro, por el idioma. Sobre todo en Cataluña, donde normalización no es sino un eufemismo para un procés de supresión del español hasta llegar a un utópico y totalitario monolingüismo catalán. No faltaron tontos útiles en el lado constitucionalista que aceptaron escribir en español Girona en vez de Gerona, sin que ello llevara a aceptar en catalán Zaragoza en lugar de Saragossa.
Desintegrar España, como bien vio Lapesa, pasa por destruir el español como lengua común. Escuchando las graves incorrecciones lingüísticas de Puigdemont y su consejera de Educación cuando se expresan en español, cabe deducir que para acabar definitivamente con España no solo pretenden eliminar su denominación (refiriéndose a ella como "Estado español"), sino que también han tratado de arrancar de cuajo el propio idioma, porque para ellos constituye una visión del mundo. Siguiendo su ideología de racismo lingüístico, matar una lengua es equivalente a exterminar una cosmovisión. La prohibición de las corridas de toros no era sino la guinda del pastel nacional-totalitario hispanófobo.
Es esta utopía catalanista la que ha conducido a la violencia insurreccional del golpismo. Porque, como argumentó Karl Popper, hay una causalidad entre la acción utópica y la violencia. Para el maximalismo utópico, no cabe ninguna etapa de compromiso y negociación, sino la imposición de dogmas a priori. Por eso se justifica la violencia en sus diversos modos, del terrorismo al golpismo. De ahí esa alianza entre lo que simboliza Otegiy lo que representa Puigdemont. Ideólogos contrarios al plurilingüismo han dado cobertura teórica a la tesis de que normalitzar una llengua implica sempre reduir la presencia de l’altra llengua.
Por tanto, la idea subyacente al nacionalismo es que para acabar con España hay que derrotar al español como lingua franca de todos los españoles. Se ha usado el sistema educativo, de Primaria a Universidad, para el "adoctrinamiento lingüístico". Y para ello ha sido crucial blindar el acceso a dicho sistema a los docentes de otras comunidades, usando el requisito del idioma particular de cada comunidad. Por eso no solo no basta con aplicar el artículo 155, sino que para restablecer la normalidad en lo relacionado con los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades dentro de un paradigma liberal hay que establecer un sistema educativo en español en paralelo al sistema educativo en catalán. De esta forma se apostaría por un modelo educativo bilingüe que tenga en cuenta tanto a Juan Marsé como a Quim Monzó. En el mismo sentido, hay que permitir que profesores de toda España puedan acceder a las oposiciones docentes en Cataluña en igualdad de condiciones con los que dominan su lengua particular. El vértice de un Estado liberal en Cataluña también implica el cierre de la televisión pública catalana, la hermana gemela del adoctrinamiento educativo. Valerie Bemeriki, una de las presentadoras de la radio que incitó al odio en Ruanda, explicó con posterioridad:
En el colegio nos enseñaban a odiar a los tutsis. Nos decían que cuando recuperaran el control del país nos exterminarían.
Una propuesta liberal para Cataluña pasa, por tanto, por defender los derechos de todos los ciudadanos y garantizar la igualdad de oportunidades. Con respecto a la cuestión nacional, en España el problema no es que haya demasiado Estado, sino que el que hay es muy poco liberal. El Estado central debe retomar competencias que han sido usadas torticeramente por los nacionalistas para crear un Estado autoritario. Lo que implica luchar contra el proteccionismo lingüístico, que lleva a otros tipos de proteccionismo, sociales, culturales, laborales y económicos.
En resumen, el nacionalismo como ideología, el clasismo como método, la xenofobia como actitud y el golpismo como política constituyen un paradigma absolutamente opuesto al liberalismo y su modelo de sociedad abierta y plural, respetuosa con la democracia representativa y los derechos fundamentales. La reconquista de un espacio lingüístico común es condición necesaria para la reconstrucción de un espacio político liberal. Para ello es necesario que los liberales postulen un tipo de Estado liberal, pequeño pero fuerte, que amplíe los espacios de libertad de todos los ciudadanos catalanes y, por ende, de todos los españoles y europeos. No estamos jugando mucho más que la supervivencia de España: la existencia misma de la libertad.