El radicalizado blitzkrieg del presidente Hugo Chávez ahora abre sus tentáculos para ahorcar al sector laboral y sindical venezolano. Son muchas las señales que indican lo que les viene encima a los trabajadores organizados desde que Chávez agarró vuelo con la aprobación de su enmienda reeleccionaria.
Un primer indicio es el regreso al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de María Cristina Iglesias, quien en el pasado se caracterizó por su línea dura en las discusiones de contratos colectivos y en el manejo del conflicto laboral en PDVSA en 2002, que terminó con el despido en 2003 de más de 22.000 trabajadores de la industria petrolera.
Otro indicio más directo es la cruenta descalificación de Chávez, en su programa dominical Aló Presidente, de la lucha legítima por mejoras salariales y contractuales de los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. En el mismo programa sometió al desprecio público a los sindicatos que representan legítimamente a la masa de trabajadores, tachándolos de "sindicaleros", bajo el supuesto de que no quieren sacrificar sus apetencias en tiempos de crisis.
Recientemente, los trabajadores del Metro de Caracas recibieron una dosis del recrudecimiento arbitrario e ilegal del Gobierno, cuando fueron obligados a renegociar su recién firmado contrato colectivo. Ese contrato había sido convenido y firmado por representantes chavistas con las autoridades del Metro, pero Chávez posteriormente se negó a hacerlo efectivo y entonces los directivos del Metro adujeron que no podían cubrir las mejoras convenidas. También se criminalizó un intento de sindicalización de trabajadores en la estatal C.A. Metro de Valencia.
Se trata de una clara señal para las próximas negociaciones de contratos colectivos: los de la Administración Pública Central, la industria petrolera, el sector eléctrico, las empresas básicas, además de los convenios del gremio médico y de los maestros.
Este menosprecio a la lucha sindical reivindicativa va en línea con un Gobierno que ha ignorado sistemáticamente a los gremios sindicales legítimamente establecidos, para patrocinar y apoyar más bien a "sindicatos" paralelos que le han servido para ponerle la mano a empresas, industrias y tierras. Todo esto está en consonancia con los variados desacatos de sentencias de reenganche ante despidos ilegales por parte del Gobierno y la violación de disposiciones administrativas de las inspectorías del trabajo, las cuales al estar bajo el control del Gobierno han cercenado el derecho a la contratación colectiva.
El nulo respeto a los derechos de los trabajadores y el desconocimiento de la representatividad sindical crea un terrible precedente en las relaciones laborales y sindicales en Venezuela. También corrobora que Chávez, al igual como lo ha hecho con el sector empresarial, no respeta compromisos, contratos ni procedimientos legales.