En medio de la gigantesca ola informativa desatada por la crisis en Honduras, ha pasado casi desapercibida el nuevo ataque del gobierno venezolano contra los medios de comunicación. No queda duda de que Chávez y su combo se disponen a darle un knock-out a la libertad de expresión en Venezuela.
La primera señal es la discusión en la Asamblea Nacional de una nueva Ley de Periodismo que, entre otras arbitrariedades, propone la eliminación de la confidencialidad de la fuente, factor indispensable en la obtención de información, especialmente cuando cunde el miedo en la población.
Otra señal es la revocatoria de las concesiones de unas 285 emisoras de radio y televisión, anunciadas el 3 de julio por Diosdado Cabello en su rol de titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Estos medios serían además penados con el decomiso de sus equipos de transmisión y la prohibición de operar durante cinco años. Conatel sustenta la sanción en que no cumplieron con la actualización de datos requerida a principios de junio por el ente. Según informan fuentes fiables, el proceso de actualización llevado acabo por Conatel estuvo viciado de irregularidades y trabas burocráticas, donde predominó la falta de transparencia y la discriminación política.
Algunos analistas anticipan que el objetivo del Ejecutivo es sacar del aire a las emisoras que no apoyan las políticas de Chávez, para imponer emisoras "comunitarias", hechas a la medida del comunismo que avanza en Venezuela.
La prensa escrita también ha recibido en estos días una buena dosis del hostigamiento y agresión que caracteriza la relación del Gobierno de Chávez con los medios. En esta oportunidad le tocó a tres diarios regionales. El Carabobeño y NotiTarde fueron atacados por grupos chavistas, comandados por los alcaldes de Valencia y Puerto Cabello, en represalia a la cobertura sobre el caso de Honduras. También El Aragüeño, periódico que fue allanado el 6 de julio por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), bajo el pretexto de una investigación que se realiza a una empresa de alimentos.
Se han iniciado también procedimientos contra las ONGs Asoesfuerzo y Cedice Libertad por haber elaborado seis piezas comunicacionales en defensa del derecho constitucional a la propiedad privada; es decir, nada que esté fuera de ley. También avanzan procedimientos contra la televisora Globovisión y otros medios por haber difundido esos mensajes en defensa de la propiedad privada.
Al gobierno parece molestarle mucho que tales mensajes señalen la inconstitucionalidad del proyecto de "Ley de Propiedad Social" que pretende sancionar la Asamblea Nacional a mano alzada. Así, Conatel busca imponer la censura previa, práctica tácitamente prohibida por la Constitución venezolana, tan violada y mancillada por el Gobierno de Chávez.
Es evidente que en el actual gobierno venezolano, como suele ocurrir bajo todos los déspotas, impera el miedo al debate sobre valores y derechos humanos.