El comunicado de ETA no ha dicho nada especial. Unos asesinos deciden que no mataran más y resulta que hay que hablar de darles contrapartidas, cuando lo realmente importante es que día a día, año a año, se iban debilitando y en algún momento tenían que intentar esta maniobra. De otra forma, más tarde o más temprano desaparecían de nuestras vidas sin hacer ruido, a base de detenciones y de su imposibilidad de reclutar nueva gente. De hecho, los últimos años han sido una demostración de su falta de aguante. Pero ahora, en pleno periodo preelectoral, han elegido un buen momento propagandístico, sin perjuicio de que la aplicación del Código Penal, con las reformas del 2003 –en torno al máximo de cumplimiento de las condenas y la obtención de la libertad condicional–, como la propia existencia de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, de 2002 –con la ilegalización del brazo político de ETA–, conjuntamente con la eficacia policial, dieron un vuelco a la situación.
En primer lugar, haciendo que terroristas con múltiples delitos de sangre no pudieran beneficiarse de un Código Penal y de una Ley Orgánica General Penitenciaria que había olvidado uno de los fines de la pena, la prevención, tanto general, de cara a la sociedad, como especial, de cara al condenado en concreto. Así, olvidando el fin preventivo –común de de toda legislación penal–, dio un mayor realce al criterio resocializador, un criterio constitucionalmente garantizado, pero que no tiene por qué ser el único de nuestra política penitenciaria. De este modo, la legislación penal no sólo se apoya en la ayuda al delincuente para su resocialización, sino que no puede olvidar el daño producido y el efecto social que produce que no haya un criterio de proporcionalidad entre dicho daño y la consecuencia penal que ocasiona. Y esto es algo que ayuda a la sociedad, pero que también tiene un efecto desmotivador tanto en el propio delincuente como en su entorno, algo que todavía es más importante ante grupos de carácter terrorista o mafioso.
En segundo lugar, la Ley Orgánica de Partidos Políticos nos incardinó con aquellos países que defienden los valores democráticos desde su origen, impidiendo que grupos de carácter terrorista puedan participar en las elecciones y beneficiarse de la propia democracia para conseguir sus fines, contrarios a la propia existencia de la democracia. Y ello no hemos de entenderlo como algo contrario a la libertad de pensamiento o de reunión, sino a la defensa de unos valores que chocan frontalmente con la idea de utilizar el terrorismo –el chantaje a la sociedad–, como una forma de anestesiar a la sociedad para conseguir unos fines que ninguna sociedad con un mínimo carácter democrático podía permitirse. Y esto era lo que consiguió durante muchos años la extinta Herri Batasuna y sus posteriores derivados, anestesiar a una parte de la sociedad que todavía hoy en día sigue pensando en cómo agradecer a ETA que deje de matar, que deje de extorsionar, que deje de amenazar.