No puede decirse que la Constitución de 1978 sea una maravilla. Aparte de contener un exceso de palabrería socialdemócrata (que no disgustaba a los, más o menos, ex falangistas, como el propio Suárez), está lastrada, sobre todo, por la posibilidad de vaciar las competencias del Estado en provecho de las mafias regionales (y es que en la medida en que obran así se convierten en mafias). Afortunadamente, sí proclama el carácter indivisible de España, si bien la ambigüedad sigue ahí. Por estos defectos, probablemente, contó con menos apoyo popular del deseable –menor que la Ley de Reforma votada en el referéndum de diciembre de 1966– pese a que en 1978 la inmensa mayoría de los partidos se volcaron en el voto afirmativo.
Una Constitución defectuosa puede ser, no obstante, operativa y razonablemente beneficiosa, y de hecho así lo ha sido hasta el año 2004. Para ello sólo se precisa una madurez suficiente entre los políticos que permita soslayar o marginar los evidentes peligros de la ley. Por desgracia, la madurez de estos políticos, que nunca estuvo muy acentuada, se trocó desde 2004 en la mayor irresponsabilidad posible mediante la alianza del nuevo Gobierno con los asesinos etarras y con los separatistas; estrategia a la que ahora se ha unido el PP de Rajoy, privando al país de una oposición real y completando la obra antidemocrática de sus adversarios.
Pese a sus defectos, la Constitución tiene dos virtudes: en conjunto es democrática aun con sus evidentes déficits; y es la de más amplio consenso de la historia española, siendo muy difícil obtener hoy uno mayor. Por estas dos razones debe ser defendida, oponiendo a los desmembradores la proclamación de la unidad nacional y encarando su reforma, para la que sería precisa una gran campaña que los grandes partidos no quieren emprender.
Y no sólo no quieren emprenderla, sino que tanto el PSOE como el PP –el uno desempeñando el papel activo y el otro, el pasivo– están empeñados en demoler la Constitución por medio de hechos consumados. El "proceso de paz", el estatuto catalán y la "memoria histórica" son tres puntos clave en esta demolición. El primero reconoce, justifica y premia a los asesinos y ataca al Estado de derecho; el segundo está diseñado para volver residual la nación española entre las autonomías; y la tercera falsifica sistemáticamente la historia –al modo totalitario– destruyendo la base psicológica y política de la Constitución, esto es, la reconciliación entre los españoles por encima de los partidos (reconciliación ya lograda en realidad bajo el franquismo y que posibilitó una transición poco traumática).
¿Debemos dar por demolida la Constitución? Si eso hiciéramos, justificaríamos la delincuencia política y la conculcación sistemática de la ley, transformando la esperanzadora democracia española en una especie de república bananera e iniciando un proceso de descomposición social cargado de peligros.
Sin embargo, las fuerzas constitucionales son hoy muy débiles en comparación con las bananeras y balcanizantes. Pero esto no debe desanimarnos, más bien al contrario. Torres más altas han caído.