Por mafias entendemos normalmente asociaciones para delinquir. La delincuencia de los partidos consiste en el abuso del poder y del erario, tendencia de gran intensidad, según demuestra una amplísima experiencia: los partidos, emanación de las libertades, pueden convertirse en los mayores peligros para ellas. La democracia funciona oponiendo a esa tendencia una serie de trabas: leyes, división de poderes, libertades públicas, en particular la de expresión, y el propio juego y rivalidad entre partidos. Y una democracia se descompone cuando esos mecanismos funcionan mal o no funcionan, algo muy visible en la mayoría de los países latinoamericanos, en la España de la II República y en la de ahora mismo, con el consiguiente enmafiamiento de la política.
Ya la etapa de Felipe González, con su inmensa corrupción y su terrorismo gubernamental puso bien de relieve la fuerza de esa tendencia que, de desarrollarse algo más, pudo haber terminado con el sistema. De momento quienes terminaron mal, en la cárcel o fuera del poder, fueron parte de los responsables. Cabía esperar que hubiesen escarmentado (Aznar lo esperó), pero no ocurrió así en absoluto. Los políticos mafiosos salieron del poder resentidos, apoyados todavía por una parte de la sociedad moldeada por la telebasura y la falsificación de la historia, y jurando desquitarse en cuanto tuvieran oportunidad. Ya en la oposición demostraron cumplidamente con sus chapapotes no haber cambiado en absoluto. Vueltos al poder, se han aplicado a fondo a socavar la independencia judicial, a atacar la libertad de expresión mediante campañas típicamente mafiosas contra quienes –no muchos, desgraciadamente– defienden con eficacia el Estado de Derecho, en particular Jiménez Losantos; y a exacerbar la falsificación histórica de la que tan buenas rentas políticas han extraído.
Pero hay un hilo conductor especialmente podrido en todo este proceso de enmafiamiento, que no afecta solo al PSOE, y es la colaboración con el terrorismo nacionalista vasco. La ETA constituye el partido-mafia por excelencia, ya que el asesinato y la extorsión directas son la clave de su política. Ese carácter le viene desde el mismo principio de su actuación, aunque quedase disimulado durante la dictadura por atacar a un régimen de escasas libertades. Pero ya entonces se trataba de un partido no antifranquista, sino antiespañol y totalitario.
Llegada la democracia el disfraz de "luchadores antifranquistas" debió caer por su propio peso, pues nada impedía a los héroes del tiro en la nuca defender legalmente sus puntos de vista. Pero, lo he indicado reiteradamente, el problema se complicó porque tanto derechas como izquierdas aceptaron esa forma vergonzante de colaboración con los asesinos que llamaron "solución política". Una actitud comprensible en los primeros años de la democracia, cuando la esperanza de resolver el problema por las buenas parecía razonable, pero que se agotó muy pronto, pese a lo cual se consolidó como línea esencial de actuación de todos los gobiernos. La "solución política" implicaba una imagen de debilidad de la democracia y un plus de respetabilidad para los criminales, dándoles esperanzas de que antes o después lograrían sus objetivos o parte sustancial de ellos. Al mismo tiempo, la "solución política" ultrajaba a las víctimas directas, corroía como un ácido, año tras año, los engranajes del estado de derecho, desmoralizando y convirtiendo en víctima a toda la sociedad. Este ha sido el mayor pecado de la etapa democrática, que ha convertido a una reducida mafia de pistoleros en uno de los ejes cruciales de la política española. En la medida en que colaboraban de este modo con la ETA, todos los partidos y no solo los recogenueces separatistas, daban pasos significativos hacia su propia conversión en mafias.
Fue durante la época de Aznar, y no toda ella y a menudo de forma poco resuelta –y gracias sobre todo a Mayor Oreja, contra los Arriolas y similares– cuando por primera vez se abordó el problema de forma justa, democrática y antimafiosa. Política que se vino abajo por la conjunción del mayor atentado terrorista de la historia de España y la flojera –llamémosla así– de Rajoy. Desde entonces, el proceso de colaboración con los asesinos etarras, y consiguientemente de enmafiamiento de los partidos, sobre todo de izquierda y separatistas, se ha acelerado de modo extraordinario.
Técnicamente diremos que si la ETA es el partido-mafia por excelencia, todo partido que colabora con ella se transforma de modo automático en mafioso, en mayor o menor grado. En grado altísimo hoy: los partidos, en su mayoría, funcionan como camarillas contra los más elementales intereses de la sociedad, conculcan la ley de acuerdo con jueces corrompidos hasta el punto de utilizar la justicia directamente contra las víctimas del terrorismo, anulan la separación de poderes, se inventan estatutos de autonomía para transformar la nación española en un aglomerado de nacioncitas de fantasía, o simplemente para disgregarla de una vez. Al objetivo etarra de liquidar la Constitución, echar por tierra lo construido en la transición y desarticular España están contribuyendo, con mayor o menor intensidad, casi todos los partidos y el Gobierno.
Debe reconocerse que la democracia diseñada en la transición no se ha desarrollado, sino que ha degenerado muy peligrosamente. Si no hay una respuesta adecuada de la sociedad, el proceso hacia la latinoamericanización puede hacerse imparable.
