Francisco Fernández Sevilla, el líder de UGT-Andalucía, aclaró hace unos días que los afiliados de su sindicato no son "hermanitas de la caridad". Desconozco si alguien ha afirmado alguna vez lo contrario –confundiendo, quizá, el acoso sindical a la juez Alaya tras el arresto del secretario de UGT-Cádiz con una devota procesión religiosa–, pero se agradece la aclaración. Fernández Sevilla justificó la manifestación frente al juzgado de la hoy escoltada Alaya como un ejemplo de "militancia activa" frente a la "campaña muy bien orquestada" de “ataques” de la derecha para “desprestigiar” a su organización.
Pero lo de las hermanitas de la caridad vino por otra cosa. Fue para justificar (¿?) el "derecho a cobrar" de los militantes de UGT por su mediación en los ERE. Efectivamente, dichos militantes no han hecho voto de pobreza y, por lo tanto, mantienen su afán de lucro. Afán de lucro que suelen asimilar con la explotación cuando quienes lo ejercen son los empresarios. Sin ir más lejos, el antecesor de Fernández Sevilla –Manuel Pastrana–, tras su elección para un cuarto mandato al frente de UGT-A en 2009, culpó del paro andaluz al "neoliberalismo codicioso". Unos meses más tarde organizó una cena con barra libre para 150 personas en la Feria de Abril de Sevilla y cargó los 12.716 euros que costó a una subvención de la Junta de Andalucía para sufragar sus gastos de negociación colectiva.
Pero el problema no es sólo que los sindicatos de clase acumulen evidencias de malversación de fondos públicos o que sus justificaciones sean peregrinas. Es que, además, han abandonado los ideales que inspiran su razón de ser: la solidaridad entre trabajadores y la defensa del empleo. Sirva como ejemplo lo ocurrido en Collado Villalba (Madrid) en 2011-2012.
En mayo de 2011 la candidatura de Agustín Juárez (PP) consiguió desbancar del poder a José Pablo González (PSOE), alcalde desde 1999 y hoy imputado por cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. El PSOE gobernó ininterrumpidamente el municipio desde la llegada de la democracia hasta 2011, salvo en 1995-1999. Evidentemente, las cuentas municipales estaban tiritando. Juárez se encontró con una deuda heredada de 111 millones de euros ¡para un municipio de 62.000 habitantes!
Por ello, se vio obligado a presentar un ERE. Pero, antes de hacerlo, Juárez ofreció a UGT y a CCOO acordar sus términos. La alternativa fue: o despidos o una reducción del 5% del sueldo de los 481 empleados municipales, incluyendo concejales y demás responsables políticos.
Hubo dos votaciones para decidir qué hacer, haciéndose público antes de la primera votación quiénes serían los despedidos. En la primera votación 226 empleados municipales votaron a favor de los despidos y 163 a favor de la reducción de los salarios. El alcalde ofreció a continuación una segunda oportunidad para evitar los despidos. El voto en esta ocasión fue ejercido por los responsables de UGT y CCOO; UGT votó a favor de la reducción de los salarios y CCOO a favor de los despidos. En consecuencia, 39 personas fueron despedidas, de las que más del 60% eran de UGT, según el propio sindicato.
La portavoz de UGT en el ayuntamiento valoró la situación como un episodio más de la "persecución sindical y política" contra el sindicato. Se desconoce si algún sindicato ejerció su "derecho a cobrar" por estos despidos.