A estas alturas, ha quedado claro que a Manuela Carmena le aburre soberanamente ser la alcaldesa de Madrid. Ella está para cosas más importantes. Sus ojos están puestos en la ONU. Solo podemos imaginar el morrocotudo disgusto con el que habrá recibido la noticia de la elección del luso Antonio Guterres para la Secretaría General. Por suerte para ella, podrá solazarse en Bolivia la semana que viene en un encuentro con alcaldes. Que este viaje le impida asistir, siendo ella la alcaldesa de la capital de España, a la celebración de la Fiesta Nacional el 12 de octubre seguramente le importe bien poco. Madrid no es más que una aldea sin importancia que le genera cierta vergüenza ajena ante la universalidad de sus aspiraciones.
Pero bueno, ya que está en Madrid, y a falta de limpiar las calles, se centra en aplicar su agenda ideológica. En este sentido, la última hoz que se ha sacado del bolsillo es la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. La excusa para crearla es obvia: luchar contra la (denunciada pero no probada) corrupción de anteriores Gobiernos municipales (la del actual es inimaginable). Pero el verdadero objetivo de esta Oficina es otro. Lo que realmente busca Carmena es dotarse de un instrumento legal con el que, bajo la excusa de la lucha contra el fraude, amedrentar a todos los empleados públicos municipales.
El diseño y las atribuciones de la Oficina así lo atestiguan. Será comandada por una persona a la que se darán plenos poderes. Y el perfil que se busca no es el de un técnico, jurista y especialista en la administración pública. No. Se busca a una "persona de reconocida trayectoria democrática y prestigio o (¿?) experiencia en la defensa de los derechos fundamentales". Es decir, Carmena quiere a un activista. Solo le ha faltado añadir que sea de Podemos. Y esta persona podrá ser elegida por la mayoría simple del Pleno. Para entendernos, por Carmena y el PSOE. Aun así, el reglamento pretende convencernos de que la Oficina será independiente y autónoma (dime de qué presumes…).
Una vez elegida la persona, se le otorgarán –a ella y al equipo que forme con total discrecionalidad– plenos poderes para investigar e interrogar a quien le plazca en el Ayuntamiento de Madrid. Así, el personal de la Oficina podrá "realizar visitas de inspección a los centros de trabajo municipales sin previo aviso". También tendrá el poder de realizar "entrevistas personales" (un eufemismo para evitar decir interrogatorios) en las que la persona convocada podrá "acudir acompañada de asistencia letrada." Ni que la Oficina municipal fuese una oficina judicial, vamos.
Las actuaciones de la Oficina serán, supuestamente, confidenciales. Ahora bien, la dirección podrá "suspender dicho carácter confidencial para actuaciones concretas". Es decir, que el director podrá, a su conveniencia política, hacer públicos los datos de aquellos a los que esté investigando y las razones por las que sospecha de ellos.
Y es precisamente esta posibilidad de publicitar sus actuaciones la que revela la verdadera razón de ser de la Oficina. Carmena quiere infundir el miedo en su entorno. Quiere que toda resistencia a su autoridad sea penalizada. Quiere que los funcionarios se plieguen a toda petición del Gobierno municipal.
El artículo 22.3 del reglamento es el más explícito a este respecto:
La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de las actuaciones de la inspección de la Oficina por parte de cualquier autoridad, directivo o empleado municipal, podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de la memoria anual.
Será el director de la Oficina quien evalúe esta "actitud hostil o entorpecedora". Y será él también el encargado de penalizarla señalando con su dedo acusador al empleado en sus informes. Uno se imagina al director mirando fijamente al titubeante empleado municipal objeto de inspección con una media sonrisa mientras le espeta: "Conque no quieres colaborar, eh…".
En suma, al comisario político que Carmena acaba de poner al frente de su radio municipal se suma ahora otro, responsable de velar por la obediencia debida de los empleados municipales. Y, mientras, la alcaldesa, entre viaje y viaje, nos pretenderá seguir convenciendo de la bondad de su persona y de lo compasivo de sus políticas.
Percival Manglano, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid