En la Segunda República hubo tres elecciones generales: las de 1931 para elegir las Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución; las de 1933 y las de 1936. Sin embargo, no se celebraron elecciones municipales, salvo las de abril de 1933 que se limitaron a los ayuntamientos dirigidos por comisiones gestoras y que fueron un desastre para el Gobierno de Manuel Azaña. En marzo de 1936, mediante un decreto de 17 de marzo, el Gobierno de Frente Popular convocó elecciones municipales en toda España para el 12 de abril siguiente, pero se suspendieron por otro decreto dictado el 3 de abril.
Por tanto, las elecciones municipales de 1979 fueron las primeras desde las de abril de 1931. Entonces, en España, según el Ministerio del Interior, había 7.871 municipios. Treinta y dos años más tarde, en las elecciones de mayo de 2011, pese a los procesos de creación de comunidades autónomas y de comarcalización autorizada en la mayoría de los estatutos de éstas (hay doce estatutos que permiten la comarcalización del territorio; las regiones que lo han aplicado para todo su territorio son Cataluña y Aragón), el número de municipios había crecido a 8.084. Es decir, los municipios habían aumentado en 213, casi todos de pequeña entidad.
La oscilación de los municipios ha sido muy variada, incluso entre provincias limítrofes. En la provincia de Navarra se han reducido en este período de 264 a 243, al igual que en Burgos, que han pasado de 378 a 368; en Álava se han mantenido en 51 y en Cantabria en 102; pero en Guipúzcoa han pasado de 81 a 88, en La Rioja de 166 a 174 y en Vizcaya lo han hecho de 96 a 112. En esta última provincia, la sucesiva fragmentación ha llevado a que la Diputación foral prohíba este año nuevas segregaciones.
Andalucía tenía 771 municipios en 2011, cuando en 1979 eran 759; Cataluña ha pasado de 932 a 947; en Castilla y León, Aragón y el País Vasco, pese a su pérdida de población, los ayuntamientos han crecido de 2.131 a 2.245, de 709 a 731 y de 228 a 251, respectivamente. Baleares, Asturias y La Rioja han mantenido el mismo número, y Canarias y Madrid han aumentado sus ayuntamientos en uno solo, de 87 a 88 y de 178 a 179, respectivamente. Sólo Murcia los ha reducido: de 49 a 45.
Supresión de municipios en Europa
El régimen franquista trató de disminuir el mapa de municipios, dentro de un movimiento general que se dio en Europa a partir de los años 50 para inyectar mayor racionalidad y eficiencia a la Administración local. Suecia ha pasado de casi 2.500 a sólo 290. En Bélgica, debido a la federalización del país, se redujeron los municipios en los años 70 de más de 2.300 a sólo 589. En Inglaterra la concentración fue igual de cotundente: de 1.244 a 332. En Alemania Occidental, antes de la reunificación, se pasó de más de 24.000 a 8.500. Y en Holanda de 1.014 a 647. Las disminuciones anteriores se realizaron hasta los años 80 del siglo XX. Otros países prefirieron mantener un mapa municipal propio del minifundismo o incluso aumentarlo, y ahora lo están pagando debido al encarecimiento de los costes. El primer ministro italiano Mario Monti ha anunciado la reducción de ayuntamientos de 8.102 (una cifra similar a la de España) a unos 1.500.
Sin embargo, el franquismo fracasó donde triunfaron los socialdemócratas alemanes y holandeses. El régimen franquista no pudo o no quiso imponerse a los poderes locales, como ocurrió, por ejemplo, con el asunto de la creación de una novena provincia andaluza en el Campo de Gibraltar. En los años 50, el número de municipios superaba en España los 9.000 y con la emigración del campo a la ciudad muchos de ellos se volvieron insostenibles o quedaron vacíos. Unos gobernadores civiles forzaron la unión de municipios pero otros vacilaron o, simplemente, no emplearon sus prerrogativas en un asunto que les iba a causar quebraderos de cabeza.
La Ley de Bases de Régimen Local de noviembre de 1975 permitía al Gobierno alterar los términos municipales, incluso con la oposición de los ayuntamientos afectados, en el caso de que éstos tuvieran menos de 1.000 habitantes o por continuo urbano. Lo poco que se hizo en este sentido, fue anulado en los años posteriores debido a la fiebre descentralizadora.
Mutilar Bilbao y Barcelona
Por ejemplo, del municipio de Durango, en Vizcaya, en 1990 se segregó Yurreta, con 3.500 habitantes, separado del resto por la carretera Bilbao-San Sebastián. En su término municipal se había colocado la sede de la radio y televisión públicas, EITB, para evitar piques entre las dos capitales. Por fin hoy EITB se encuentra en el centro de Bilbao, pero Yurreta sigue como municipio independiente. En Vizcaya, la última desagregación ocurrió en 2005, cuando Ziortza-Bolibar, con apenas 400 habitantes, se separó de Marquina, a la que se había anexionado en 1969.
Una de las obsesiones de las nuevas autoridades nacionalistas fue el regreso al terruño, por lo que las grandes áreas municipales erigidas por el franquismo se trocearon como si fueran monstruos de Frankestein. Al Ayuntamiento de Bilbao, el PNV amputó en 1983 poblaciones como Erandio, Derio, Lezama, Lujua, Sondica y Zamudio. Todas ellas están gobernadas por este partido desde entonces. Así, la extensión del término municipal de Bilbao es de 40 kilómetros cuadrados, mientras que el de Madrid supera los 600, el de Zaragoza es de casi 1.000 y el de Córdoba asciende a 1.200. San Sebastián, que había incorporado Astigarraga en los años 40, la perdió en 1987.
También en 1987, la Generalitat de Jordi Pujol disolvió la Corporación Metropolitana de Barcelona, creada por el franquismo. Sin embargo, en 2010, el Tripartito catalán la recuperó con el nombre de Autoridad Municipal de Barcelona. Por ahora, la Generalitat de Artur Mas la respeta.
Más pequeños, pero más controlables
En Aragón, el partido más beneficiado por la creación de nuevos municipios es el PAR, arraigado sólo en los pueblos. Con 77.000 votos, este partido tiene 991 concejales. La Unión del Pueblo Leonés, con 18.000 votos dispone de 134 concejales. Bildu, descontando los votos de las capitales de las cuatro provincias en que presentó listas municipales, tiene más de 1.100 concejales, conseguidos gracias a 237.000 votantes; es decir, cada concejal le ha costado menos de 250 papeletas.
Aunque esos concejales y alcaldes no cobren, cada nuevo municipio, por pequeño que sea, implica poder para el partido y el alcalde que lo gobiernan: una nueva casa municipal, un puñado de funcionarios, unas transferencias hechas por la diputación para cubrir los servicios, contratos de suministros y obras, papel con membrete... En definitiva, control de la población y encima, algo de dinero.
España sigue siendo diferente, porque, a diferencia de Europa, se niega a podar su selva municipal. Quizás lo acabe haciendo Bruselas.