La consulta electoral (proceso participativo según la neolengua del catalanismo) ha sido, aparte de ilegal, grotesca. Las urnas de cartón se abrieron el domingo 9 de noviembre, pero cuando lea estas líneas, querido lector, todavía se puede votar (hasta el día 25), de manera que la Generalitat pueda arañar unos cuentos cientos de papeletas más.
Sólo se encuentran condiciones tan relajadas en la votación y en el censo en elecciones y referendos celebrados en las repúblicas hispanoamericanas del siglo XIX y en las independencias africanas del siglo XX, donde el analfabetismo, el voto cantado y la depuración del censo eran habituales. La Generalitat no sólo ha vulnerado las suspensiones ordenadas por el Tribunal Constitucional, sino que además ha incumplido su propia ley de consultas.
El Gobierno presidido por Artur Mas ha vulnerado los principios que recogen las leyes generales españolas y las propias autonómicas, como los de neutralidad, pluralismo, igualdad y no discriminación. Como ha escrito el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo:
La "actuación institucional" del Gobierno los incumple abiertamente. Basta constatar la propaganda, en forma de anuncio publicitario, publicada en todos los medios el pasado 25 de octubre, en la que se empleó, maliciosamente, el ardid de ocultar cuáles son "los objetivos del proceso". Se trata de una publicidad costeada con fondos públicos procedentes de todos los catalanes, incluidos los que rechazamos el objetivo del proceso, que no es otro sino la secesión de Cataluña. ¿De qué espacios públicos –gratuitos– dispone esa gran parte de la ciudadanía que está posicionada contra una consulta anticonstitucional y contra un proceso como el presente arbitrario e ilegal?
Y el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras calificó la situación como propia de "república bananera".
Se ha votado sin garantías, sin base legal, sin censo, sin controles, sin mesas imparciales, sin saber si el recuento será verdad, incumpliendo la propia ley catalana que regula el proceso, con unos órganos de comunicación oficiales convertidos en puros órganos de propaganda (…), con una doble pregunta incomprensible. (…) Desde el 6 de octubre de 1934, nunca Cataluña se había parecido tanto a una república bananera.
Cinco referendos imparciales desde 1976
En Cataluña se han celebrado en los últimos 40 años cinco referendos que cumplen los requisitos aceptados internacionalmente para considerarse democráticos: sobre la Ley para la Reforma Política (1976), sobre la Constitución Española (1978), sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña (1980), sobre la Constitución Europea (2005) y sobre el segundo Estatuto de Autonomía (2006).
En la tabla hemos recogido los votos favorables a cada propuesta. Pese al crecimiento de la población y el aumento de la capacidad de influencia de los medios de comunicación, el referéndum con más votantes fue el de la Constitución, seguido por el de 1976, que aprobó la última Ley Fundamental del régimen franquista.
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VOTOS FAVORABLES |
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REFERÉNDUM |
1976 |
1978 |
1979 |
2005 |
2006 |
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Cataluña |
2.567.147 |
2.701.870 |
2.327.038 |
1.386.794 |
1.881.765 |
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Provincia de Barcelona |
1.919.430 |
2.095.467 |
1.813.657 |
1.066.501 |
1.409.057 |
Además, los votos favorables a la Constitución superaron en un 30% los que recibió el segundo estatuto catalán, tan ansiado por los ciudadanos, según la clase política catalana.
Si incluyésemos el recuento oficial-pero-no-oficial hecho por los voluntarios de la consulta participativa, todos vinculados a partidos y asociaciones separatistas, los partidarios del Estado propio e independiente (¿existe algún Estado propio en el mundo que no sea independiente?) ascenderían a poco más de 1,8 millones, por lo que seguirían por debajo de los recogidos a favor de la Constitución, la Ley para la Reforma Política y los dos Estatutos.
La Ley Orgánica del Estado franquista
En la reciente historia de España, la votación del 9 de noviembre en Cataluña sólo se puede comparar con el referéndum sobre la Ley Orgánica del Estado (LOE), celebrado el miércoles 14 diciembre de 1966.
Se trataba de una de las Leyes Fundamentales que configuraban el constitucionalismo del régimen franquista. Entre sus puntos estaban la separación de las jefaturas del Estado y del Gobierno, las competencias y duración del cargo de presidente del Gobierno y la apertura a la restauración de la monarquía. El texto lo impulsaron el almirante Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia del Gobierno, y su colaborador íntimo Laureano López Rodó, comisario del Plan de Desarrollo; ambos monárquicos, pero partidarios de la designación de Juan Carlos de Borbón, en vez de la de su padre, el infante Juan de Borbón y Battenberg.
La LOE la aprobaron las Cortes el 22 noviembre de 1966 y, en cumplimiento de la legislación vigente, como reforma y actualización de las Leyes Fundamentales, se sometió a referéndum.
Una de las medidas tomadas en los días siguientes fue la de garantizar la votación a los españoles beneficiados por el indulto de "extinción de responsabilidades políticas", fijadas en el decreto 2824/1966 de 10 de noviembre. Sorprendentemente, el régimen franquista promovió la participación de gentes que cabía suponer eran contrarias a él.
La votación se realizó el miércoles 14 de diciembre, con implicación de Franco, mediante un mensaje televisado el día 12.
Laureano López Rodó calificó así el referéndum de 1966 en sus memorias (La larga marcha hacia la Monarquía):
El mayor éxito del referéndum fue la afluencia masiva a las urnas, un testimonio que entraba por los ojos y que nadie podía negar. Votaron cerca de diecinueve millones y medio de personas y se abstuvo tan sólo el 8,9% del cuerpo electoral. En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que trajeron la República, el número de votantes no llegó a tres millones y hubo un 33% de abstenciones.
El recuento, presidido por el presidente del Tribunal Supremo, José Castán Tobeñas, dio los siguientes resultados. De un censo de 21.803.397 personas, participaron 19.446.709. Los síes fueron 18.643.161 y los noes 372.692.
'La Vanguardia', con entusiasmo
Según informó la leal Vanguardia Española (15-12-1966), propiedad de Carlos Godó Valls, conde de Godó y procurador en Cortes, el censo de la ciudad de Barcelona ascendía a 1.255.855 personas de ambos sexos, de las que votaron 1.080.247 (86,02%). Dieron el sí a la LOE 951.483 (88,08%) y votaron no 56.444 (5,23%); los votos en blanco o nulos fueron 72.321 (6,69%).
En la ciudad de Barcelona, en el 9-N votaron 507.454 personas y el sí-sí lo dieron 397.933 (78,4%).
Un malpensado podría decir que el general Franco tuvo más éxito en Barcelona que el presidente Artur Mas, aunque ninguna de esas votaciones reunió los mínimos necesarios para asegurar la imparcialidad de la Administración y la neutralidad del Estado, ya que no se concedió publicidad oficial a los partidarios de rechazar la propuesta oficial ni existieron interventores de la oposición en las mesas electorales.
Otra coincidencia entre ambos referendos es que el periódico más vendido de Cataluña, La Vanguardia, apoyó el sí, a Franco y al Estado propio.
Eso sí, al menos el régimen franquista aplicó su legalidad al organizar el referéndum de 1966 y no recurrió a argucias de tendero que cambia las pesas de la báscula.