UGT y CCOO se han convertido en entidades amenazadoras. Se les tiene miedo, no respeto. Sobre todo porque pueden, dicen, si quieren, arruinar una legislatura política, una empresa, un juzgado, un despacho o una institución con la simple decisión de organizar una huelga o acosar mediante diversos métodos al objetivo señalado. Dadas las informaciones concernientes a UGT, que comenzó publicando Libertad Digital y que sigue desvelando ahora El Mundo, UGT de Andalucía ha simulado, falseado y trucado gastos organizativos de carácter sindical y los ha presentado ante la Junta de Andalucía como justificantes de subvenciones para la formación de parados. Ya se va calculando en torno al 10 por ciento el montante global de las subvenciones que han sido desviadas de sus destinatarios, los parados andaluces, un 35 por ciento del total nacional, para amasar la ingente y oscura caja de los dineros de UGT. ¿Y qué pasa? Pues nada.
Habría que preguntarle al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, señor don Jesús García Calderón, qué más necesita para abrir una investigación de oficio sobre lo que, en mi opinión y coloquialmente, es un saqueo organizado por una cúpula sindical sin escrúpulos de los dineros públicos destinados a subvenciones para los andaluces más pobres y necesitados. Desde los gastos de organización de los congresos ordinarios a los gastos en propaganda en las elecciones sindicales, pasando por los gastos en anuncios radiofónicos de huelgas o la publicación de manifiestos en periódicos nacionales, todos ellos han sido camuflados como elementos subvencionables y, lo que es tan vergonzoso, con el consentimiento de las empresas proveedoras ,que eran obligadas a alterar sus facturas para aportar conceptos que nada tenían que ver con los trabajos realizados. Hay pruebas documentales de todo ello. Yo tengo bastantes y las he publicado. A su disposición, señor fiscal, las tiene.
Es que estamos hablando de poco dinero, dicen algunos. ¿Poco dinero? Sólo una breve mirada a un documento clave, el expediente administrativo del Programa Forman XXII, en el que se trata de justificar el gasto de ocho millones de euros de dinero público durante el año 2010, revela que el robo asciende a casi el 10 por ciento del total de los fondos de formación usados por UGT de Andalucía. Pero, tal y como se ha demostrado en los libros sobre La tela de araña andaluza (Hilos de un régimen y El poder de un régimen), los ingresos de UGT por subvenciones a la formación ascienden a centenares de millones de euros a lo largo de los años. Nadie sabe lo que ha percibido de Junta y ayuntamientos desde 1979, aunque el detalle de que incluso ha recibido dineros de los ayuntamientos en concepto de "gastos piadosos" (que así es como llamaba a las procesiones del 1 de mayo) constituye un indicio del cachondeo general y del compadreo sindical con los consistorios y diputaciones gobernados por la izquierda.
De 2005 a 2009, UGT recibió más de 120 millones de euros en subvenciones. Si desde entonces hasta ahora ha percibido anualmente lo mismo, estamos ante casi 250 millones de subvenciones públicas en 8 años. Desde 1979, es más que probable que se hayan superado los 1.000 millones en subvenciones (sin incluir otros ingresos de UGT), la mayor parte consignadas como subvenciones a la formación de parados. Calculando una sustracción del 10 por ciento, estaríamos ante un escándalo de decenas de millones de euros, muchos más de los que UGT ha percibido por su vergonzosa participación en la trama de los ERE.
Pero ¿pasa algo? Nada. Para un sector de la prensa, sólo existen Rajoy y Bárcenas, que no tratan de dinero público. Para el otro, nada de meterse con los sindicatos. A lo mejor tengo suerte, lee estas líneas el fiscal general del Estado y me explica qué hay que hacer para que los ladrones, al menos, dejen de ir a la oficina. Una pista: artículo 308 del vigente Código Penal.