Estamos en contra del abuso sistemático de la subvención, la dádiva y la mamandurria cuando ésta sirve más a la consolidación de una oligarquía sindical que a los intereses reales de los trabajadores asalariados españoles.
Se celebraron en Sevilla unas jornadas por el trabajo decente. La comunidad andaluza tiene 650.000 parados, pierde afiliados a la Seguridad Social a chorros, su una renta familiar disponible es muy inferior a la media nacional y más del 60 por ciento de sus habitantes activos son mileuristas (y un 20 por ciento ni siquiera disponen de 500 euros al mes). Por si fuera poco, sus pensiones y seguros de desempleo son los más bajos de toda España y su nivel de pobreza está próximo al 30 por ciento, muy por encima de la media nacional. Además, en casi todos los indicadores de bienestar, Andalucía se sitúa en el penúltimo lugar, sólo por delante de Extremadura, ambos casos clínicos ya de la imposibilidad de lograr una convergencia real con las regiones avanzadas de España y Europa. Que esa imposibilidad siga manifestándose tras casi tres décadas de gobiernos socialistas ininterrumpidos sin alternancia democrática alguna, da una idea de la "eficacia" y "eficiencia" de dichos gobiernos. Aún se recuerda la estrambótica explicación que de ambos conceptos dio el compañero Cándido Méndez. Tales hechos también dan una idea de la formación paulatina y consciente de un "régimen" de poder, previa la ocupación institucional, social y cultural de dichas regiones. Y en este contexto, ha cuajado el sindicalismo que tenemos. No estará de más aportar algunas ideas para que, no sólo el trabajo, sino el propio sindicalismo sea efectivamente decente.
Porque, ¿qué es la decencia? Lo contrario de indecencia, esa acción vil, indelicada, desaprensiva, mala, cochina, canalla, ofensiva del más mínimo pudor, sucia, en fin. Lo dice doña María Moliner. O sea, la decencia es la acción noble, delicada, limpia, coherente, etc. Aclaremos desde el principio que no estamos totalmente en contra de que los sindicatos que acrediten una suficiente representación (y debido a una función social necesaria) reciban del Estado algún tipo de asignación, como asimismo ocurre en el caso de los partidos políticos. Estamos en contra del abuso sistemático de la subvención, la dádiva y la mamandurria cuando ésta sirve más a la consolidación de una oligarquía sindical que a los intereses reales de los trabajadores asalariados españoles.
Para lograr ser decentes sindicalmente, lo primero es definir con claridad los intereses y aspiraciones de los trabajadores y situarlos al margen de cualesquiera otro interés (especialmente del interés político con el que puede dialogarse pero ante el que no cabe venderse). Hemos asistido en España desde los tiempos de UCD a la confusión de los intereses sindicales y políticos. En la UGT era natural porque UGT fue y es un sindicato creado por un partido, el PSOE. La UGT nació en 1888 y el PSOE, en 1879, nueve años antes. No fue así el caso de Comisiones Obreras que, aunque el PCE intentó controlarlo y ocuparlo, ha sabido mantener una cierta distancia, aun sintonizando sus dirigentes, que no sus bases, primordialmente con la izquierda política. El espectáculo sindical consistente en ofrecer apoyo continuo a un PSOE en el Gobierno, mal gestor, dilapidador del ahorro nacional y más vinculado al paro que a la creación de empleo, es deprimente y muestra la dependencia sindical de quienes cobran y gestionan cantidades ingentes directas e indirectas del partido en el Gobierno. Todo ello sirve a la tarea de domesticar y amansar a unos dirigentes cada día más lejanos de los trabajadores de a pie, a los que, por cierto, no representan realmente. Es indecente que se insulte a persiga a consejeros del PP en Madrid, una comunidad a la cabeza de España, mientras se copea y jopea con los consejeros de la Junta de Andalucía, aunque se batan récords de paro, pobreza y dependencia. Que Fidalgo quiere partirle una lanza en la cabeza a quienes discuten la política económica de Zapatero, es ya rizar el rizo.
Lo segundo que deberían hacer los dos sindicatos preponderantes en España y en Andalucía es dejar participar en el ruedo laboral a los demás sindicatos, tan legítimos como ellos, desde USO a CGT pasando por CSIF y otros más profesionales y de rama. Lo que se ha construido desde la transición es un modelo monstruoso que buscaba y busca asentar la influencia de dos partidos políticos concretos, el PSOE y el PCE, en la vida social y política española. Eran los tiempos de Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, socialista y comunista respectivamente. Colocando un "arancel" representativo en las organizaciones sindicales, se lograba eliminar, con la ayuda del PSOE en el Gobierno, a organizaciones históricas como la anarcosindicalista y la procedente de la influencia cristiana (JOC y HOAC), la Unión Sindical Obrera, clave en la lucha contra la dictadura. De hecho, lo que se ha logrado es duopolizar la representación de los trabajadores en toda España a pesar de que los últimos datos conocidos de afiliación real no alcanzan ni el 15 por ciento de la población asalariada nacional. Según investigadores americanos independientes, la afiliación bajó del 50 al 15 por ciento en sólo diez años, 1978-1988, de legalidad democrática. Hoy ni siquiera los sindicatos aportan datos fehacientes de afiliación desde 1995, prefiriendo aportar los de "representación" en elecciones sindicales pagadas por el Estado.
Lo tercero, es renunciar a una financiación irregular procedente de los gobiernos. El caso andaluz es especialmente típico porque es verdaderamente indignante. De las cuotas ni se habla en las cuentas sindicales. Una cosa es una ayuda del Estado en función de determinados servicios útiles a la convivencia y otra, bien diferente, es la lluvia de millones de euros sin justificación alguna, como por ejemplo la campaña de educación sobre el agua pagada por la Junta de Andalucía. Igualmente, la decencia se alcanza haciendo que los dineros aportados por el Estado para la formación –y esto vale asimismo para los empresarios como todo lo que hemos dicho hasta el momento–, vaya realmente para la formación, tanto para desempleados como para quienes necesitan una formación continua en sus puestos de trabajo. Es indecente financiarse usando los dineros de la formación para otras cosas haciendo simular a asistencia a los cursos. Tan indecente como el comportamiento de sindicatos que aceptan dinero de las patronales o de sus empresas concretas para aceptar regulaciones de empleos, o sea, despidos a cambio de silencio o "comprensión". Casos ha habido. Interviú publicó uno sonado.
Lo cuarto sería defender a capa y espada la igualdad de oportunidades para todos en España de modo que ningún niño, adolescente o adulto disponga de menos medios para la educación que otros, nazcan en la familia que nazcan y nazcan y vivan en la Comunidad Autónoma que sea. Para ello, es preciso defender la existencia de un mercado nacional único, de una lengua común, de un Fondo para la Igualdad de Oportunidades y de una actitud implacable ante el enchufismo, el "digitalismo" laboral y la libre designación injustificada. La situación actual de Andalucía, por seguir con el ejemplo, es lamentable. Manuel Chaves tiene cinco hermanos colocados en la Junta y no salió ni ha salido ni se espera que salga voz sindical alguna (desde las organizaciones monopolistas sindicales) que denunciase o denuncie esos hechos de nepotismo político sin escrúpulos. Es más, no pocos dirigentes sindicales andaluces participan de este despojo de derechos a los trabajadores de a pie, a los que exilian del mercado laboral con estas prácticas irregulares. Sirva de ejemplo la reciente colocación a dedo de 397 trabajadores en la Diputación de Sevilla, tras la connivencia de los sindicatos con su Gobierno socialista.
Lo quinto sería introducir la democracia real en todas las decisiones a adoptar en las empresas. Nada de gritos, nada de insultos, nada de piquetes y nada de miedo. Decisiones libres, individualmente libres –no hay otra libertad que la personal– a la hora de tomar decisiones de huelgas, firmas de convenio, manifestaciones o lo que se tercie. Esto significa que debe haber urnas sindicales, muchas urnas, voto secreto –nada de mano alzada– respeto por la disidencia y pluralismo a la hora de proponer análisis, respuestas, estrategias y tácticas. Todo lo contrario del mandonismo implacable ejercido por una caterva de liberados y pagados por una oligarquía que administra un dinero público concedido por quien no quiere la autonomía del sindicalismo sino su reconversión en "correa de transmisión".
Jornadas por el trabajo decente, claro que sí. Decía Voltaire que "escándalo" es una indecencia grave que se aplica principalmente a los eclesiásticos. Qué época aquella de sectarismo banal hasta en las definiciones. Hoy debemos aspirar a algo intelectualmente menos vil. Escándalo es una indecencia grave que afecta a todo el que dice ser una cosa y hace otra. Nuestro sindicalismo, pongamos por caso.
