Quien parecía iba a ser en sus años más jóvenes una socialista andaluza crítica con el régimen instituido, puede terminar siendo la enterradora de las ansias reformistas de una UGT andaluza corroída por las irregularidades y la corrupción hasta el punto de tener causa judicial abierta por desvío de subvenciones y falsedad de documentos. El triunfo de su candidatura única abortará el proceso de reforma deseado por muchos sectores críticos y, lógicamente, ya ha impedido la constitución de una gestora que aclare lo ocurrido.
Carmen Castilla, de Écija, se enfrentó al PSOE de su ciudad y fundó un partido independiente entre 2003 y 2007, pero luego fue convenientemente integrada en el "régimen clientelar" obteniendo los puestos de jefa de Enfermería y directora de Enfermería en sendos hospitales sevillano, ambos a dedo. Posteriormente, en 2012, fue miembro de la Comisión Ejecutiva de UGT que dirigía Francisco Fernández Sevilla, señalado como elemento capital en muchos de los casos denunciados y, al que estuvo ligada hasta su dimisión en el pasado mes de noviembre.
La prueba del nueve de su "oficialismo" es haber sido propuesta por Antonio Tirado Blanco, uno de los dinosaurios ugetistas y sátrapa de la todopoderosa Federación de Servicios Públicos. Fuera quedan los deseos regeneracionistas manifestados por las bases e incluso los deseos de la UGT confederal de Cándido Méndez de acabar con los responsables de lo ocurrido, conocidos como el sector pastranista.
Difícil de cumplir parece la recuperación de la credibilidad perdida del sindicato socialista, la primera aspiración expresada por la recién elegida secretaria general de la UGT Andaluza.
Primero, porque no ha sido elegida en un congreso sino en un Comité Extraordinario, elección de segundo grado aunque haya obtenido un 83 por ciento pactado sin publicidad y con urgencia.
Segundo, porque todos en la UGT saben que su elección ha sido decisión ajena, en concreto, de Antonio Tirado, aliado y socio de los ex secretarios generales Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, a los que aupó en Andalucía hace años contra el criterio de Cándido Méndez.
Tercero, porque su electo-designación impide una investigación en profundidad de lo que ha ocurrido en UGT Andalucía y de hecho, ya se ha descartado toda investigación que no sea la judicial. "Viene a dar la cara, no a limpiar" y así se ha dicho oficialmente.
Y cuarto, porque la Ejecutiva nacional de UGT prefería un congreso extraordinario y aclarar ante los ciudadanos quiénes habían sido los responsables para facilitar así la limpieza de mácula y baldón de la imagen de Cándido Méndez, algo que el oficialismo sureño implicado en el escándalo ha impedido.
O sea, que estamos ante la versión ugetista de Susana Díaz. Si ésta fue consensuada por el PSOE andaluz, que no nacional, para detener el terremoto electoral de los ERE, Carmen Castilla, ha sido pactada para impedir la regeneración de la UGT de Andalucía sin el consenso de la UGT nacional. Eso sí, su perfil académico y profesional supera y mucho al de doña Susana. Pues vaya.