El Gobierno del Partido Popular ha cumplido la primera de las exigencias de Carles Puigdemont para retornar de Bélgica. Se trata de la "repatriación", según la terminología separatista, de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que el pasado septiembre acudieron a Cataluña para frenar el golpe. El sábado zarpan del puerto de Barcelona los dos últimos barcos en los que han habitado en deleznables condiciones los herederos de los últimos de Filipinas.
Confundidos por lo de Tabarnia, los nacionalistas no han reparado en el calado del gesto gubernativo. El Estado emprende un repliegue en el que el próximo jalón será el decaimiento del artículo 155, cuya cuidadosa aplicación ha sido un gesto de cara a la galería, pero la separatista. Se dará satisfacción así a la segunda petición del expresidente regional fugado. En cambio, la tercera condición para su vuelta no está en las manos del Ejecutivo, puesto que se reclama el archivo de todas las actuaciones judiciales relativas al golpe de Estado del nacionalismo catalán contra la democracia en España.
Los pedestres dirigentes independentistas creen como el ladrón que todos son de su condición, por lo que no les cabe en la sesera el concepto de la separación de poderes y pretenden que Rajoy, con un partido a los pies de los banquillos, puede determinar el sesgo de las actuaciones de los jueces interesados en las bellaquerías separatistas con sólo levantar un teléfono. Resulta que no todos los togados en España son tan influenciables como el exmagistrado y exsenador de ERC Santiago Vidal o el exvicepresidente del Tribunal Constitucional y arquitecto de las leyes golpistas catalanas Carles Viver Pi i Sunyer, que todavía puede presumir de la Gran Cruz de Isabel la Católica y de la Orden al Mérito Constitucional. El contraste entre el mantenimiento de tales distinciones pensionadas para este Viver con el maltrato a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazados en Cataluña ilustra a las claras sobre la crisis del Estado en general y en Cataluña.
El separatismo presume de músculo y comienza las negociaciones internas para formar un nuevo Gobierno golpista mientras el corneta Zoido sopla retirada. Al tiempo, socialistas y populares, grandes fracasados de la contienda electoral, exigen a Ciudadanos, la lista más votada, que haga el ridículo de inmolarse en una investidura imposible. Siguen sin entender nada del temor de los puchimones a las consecuencias de sus actos ni de la rabia de los rufianes contra Tabarnia. Los golpistas han ganado las elecciones, pero se comportan como perdedores. Les asusta hasta el vuelo de un tábano, pero el miedo les hace más peligrosos. Entre tanto, el Estado se despide otra vez de Cataluña.