Entre encarcelar a Artur Mas y mantener la cuota de CiU en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe de haber un punto intermedio que el PP no acaba de encontrar. Se entiende mal que el Gobierno se haya saltado otra vez una promesa electoral y haya transado con el PSOE el reparto de vocalías en el órgano de control judicial, entre otras razones porque se podrían haber ahorrado incluir el punto 5.11 de su programa: "Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ...". Pero aún se entiende peor que entre los nombres pactados figure el de una represante de CiU, en concreto la diputada Mercè Pigem, reputadísima experta, al parecer, en Derecho de Familia. Había que ver los abrazos que se daba con el ministro del ramo la representante soberanista ante la complacida mirada de Jordi Jané, otro diputado de la cuerdacadena de CiU. Y esto se entiende mal, o directamente no se entiende, porque Pigem representa a una formación que se jacta de incumplir las sentencias, que mantiene una actitud desafiante y hostil respecto a las instancias judiciales y que además pretende llevar a cabo un referéndum ilegal.
Es evidente que un vocal nacionalista de más no es el principal problema del PP en relación a Cataluña y que con la inclusión de Pigem y las cuotas del PNV y de Izquierda Unida se garantiza una fotografía espectral más que de amplio espectro. Sin embargo, de la mano dura aznariana a la mano rota del Gobierno hay, fijo, una amplia gama de matices, equilibrios y actitudes que podrían mandar el recado de que chantajear al Estado, llamar ladrones a los contribuyentes y dividir a la sociedad no tiene castigo pero tampoco el premio de una poltrona en el CGPJ.
En puridad, CiU debería haber rechazado esta regalía en la justicia de la que tanto abomina del país que tanto odia, pero se ha impuesto el pragmatismo. Cualquiera renuncia a un puesto de tantas posibilidades con los expedientes judiciales que tiene abiertos la federación nacionalista, desde el chanchullo del Palau de la Música hasta la imputación de Oriol Pujol por el caso de las ITV, pasando por las decenas de escándalos que jalonan el desempeño de los gerentes de Mas en diputaciones, ayuntamientos y consejos comarcales. Controlar a los jueces es, por tanto, un favor al que no han renunciado quienes están en lo de la construcción de un Estado propio. Para CiU, las leyes son papel mojado, pero los jueces son importantes.Tan importantes que aún se recuerda el paso por el CGPJ de Luis Pascual Estivill, aquel magistrado de Barcelona que aterrorizó al empresariado catalán y a la dirección de CiU hasta que Jordi Pujol le encontró un acomodo en el que no molestase y lo propuso como vocal de la cosa. Con semejante precedente, hay expectación por el papel que pueda jugar Pigem y sus aportaciones al buen gobierno de la justicia en la España que les roba.