El anuncio del cierre de la Radio Televisión Valenciana ha soliviantado a los profesionales que prestan allí sus servicios. No sólo porque vayan a engrosar las listas del paro, como millones de españoles, sino principalmente por la traición a la ciudadanía que supone el cierre de un medio público, responsable de vertebrar el sentir de la sociedad valenciana y dar cobertura mediática a sus ansias de autogobierno. El hecho diferencial de las diecisiete nacionalidades españolas se va a ver seriamente socavado en caso de que cunda el ejemplo, como parece que va a ocurrir a tenor de los cierres proyectados de otras televisiones autóctonas.
El hecho diferencial valenciano es tan complejo que ha necesitado el concurso de una plantilla de mil seiscientas personas para darle un cauce adecuado. Sólo Andalucía y Cataluña, cuyos hechos diferenciales son imposibles de rastrear, perdidos en la noche de los tiempos, necesitan más empleados que RTVV para esmaltar adecuadamente su dimensión nacional. Afortunadamente para andaluces y catalanes, sus entramados mediáticos no corren peligro, pues los dirigentes políticos se han ocupado de garantizarles el adecuado abrigo presupuestario a cambio de menudencias como retrasar el pago de la factura farmacéutica. La Generalidad valenciana, en cambio, ha eludido su responsabilidad y, fracasado su proyectado expediente de regulación de empleo, ha decidido pegar un persianazo. Por supuesto antidemocrático, según se están encargando de explicar los locutores en los últimos coletazos de la televisión regional.
En estos momentos Canal 9 funciona como célula autogestionaria, con los obreros haciéndose cargo de la programación diaria para intentar hacer ver a la ciudadanía que cuando una tele pública se quema, algo suyo se quema. Y está muy bien, porque esto de convertir una cadena pública en un kibutz es probablemente la única manera de garantizar su continuidad. En vista de los mastodónticos edificios, plantillas y medios técnicos con que nacieron todas las televisiones autonómicas, va a ser difícil encontrar a un empresario lo suficientemente atolondrado como para hacerse cargo del invento, aunque sólo sea por un precio de compra de un euro.
La relevancia que se le está dando al cierre de una empresa pública especialmente deficitaria como Canal 9, aventurando implicaciones políticas de todo orden, ha trastocado la teoría clásica de McLuhan y ahora el medio ya no es el mensaje. Es el hecho diferencial. Un nuevo hallazgo que añadir a la impecable hoja de servicios de nuestro Estado Autonómico.