Lo más fascinante del nuevo estatuto pergeñado por la coalición nacional-socialista que gobierna Cataluña, es el esfuerzo pedagógico realizado por el tripartit en su redacción. Con un artículo primero que afirma, tajante, «Cataluña es una nación», lo lógico es que el documento finalizara con un artículo segundo del tenor «Y no se hable más», pues, en efecto, la decisión política constituyente, que diría Carl Schmitt, reside en ese precepto. Que los padres de la mini-carta magna nonata no hayan escatimado talento ni esfuerzo en el desarrollo didáctico de esta realidad elemental (más de doscientos preceptos consecutivos) es muy secundario.
Quizás es que las preces elevadas por el Arzobispo de Barcelona en favor de los padres del Estatut han surtido su efecto, pero lo cierto es que Monseñor Martínez Sistach ha adquirido con esta impetración estatutaria su derecho a formar parte de la historia catalana, pues los beneficios espirituales, e incluso terrenales, que la exclusión de la religión en la enseñanza pública, la ampliación del aborto o la legalización de la eutanasia van a proporcionar a la Iglesia Católica Apostólica Romana en Cataluña se antojan inmensos.
Con estos mimbres, bendición episcopal incluida, el producto final ha concitado necesariamente el entusiasmo de los sectores más dinámicos de la sociedad catalana. Las firmas comerciales punteras, conscientes de la responsabilidad que les corresponde en este momento histórico, han puesto su contribución a la «construcción nacional» por delante de sus objetivos empresariales. No importa que la existencia de diferentes modelos fiscales en un mismo mercado suponga la creación de nuevas barreras comerciales o que se otorgue al gobierno catalán una serie de prerrogativas intervencionistas, en algunos casos rayando en el totalitarismo. Para estos líderes empresariales, el Nou Estatut es lo primero, aunque la antipatía que pueda provocar en el resto de España acabe reflejándose en su cuenta de resultados, y eso es algo que hay que reconocerles como un gran mérito.
Precisamente por eso nosotros, ajenos por completo a la catalanofobia que denuncia Pérez Carod, jamás pediremos que se boicotee a las empresas que han impulsado la redacción de esta norma saludablemente separatista, a saber: La Caixa (Gas Natural, Caprabo, Aguas de Barcelona, Abertis, Banco Sabadell, Inmobiliaria Colonial, Occidental Hoteles, Port Aventura), Agrolimen (Gallina Blanca, El Pavo, Avecrem, Pans & Company, Bocatta, Dodot, Affinity), Caixa Catalunya, Casademont, Freixenet, Grupo Godó (La Vanguardia, Mundo Deportivo, Avui), Corporación Puig (Agua Brava) y Grupo Planeta.
