En la noche del pasado lunes, varios inmigrantes recluidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Murcia provocaron un incendio en las instalaciones. Cuando los policías encargados de su custodia acudieron a tratar de sofocar las llamas, un grupo organizado los atacó con barras extraídas de las rejillas del aire acondicionado, dejando a nueve de ellos heridos. Después se produjo un intento de fuga masiva. El tercero en el último mes.
Lo normal en un caso como este sería que los partidos de la oposición abroncaran al Gobierno y pidieran medidas de refuerzo de la seguridad en estas instalaciones. En cambio, lo que reclaman Podemos y el PSOE es el cierre del centro, porque, a su juicio, si los internos se amotinan es porque se les trata injustamente y no se garantizan sus derechos humanos. El razonamiento es similar al del eurodiputado podemita Urbán, que tras los atentados islamistas de Bruselas instaba a Europa entera a una reflexión colectiva para ver en qué estamos fallando al tener entre nosotros a ciudadanos que "no tienen más remedio que inmolarse".
En los CIE ingresan los inmigrantes ilegales detenidos por la Policía y sólo tras la orden de un juez. No cabe otra opción en un Estado de Derecho, a pesar de lo cual la izquierda insiste en que esos centros han de ser eliminados. Así pues, los líderes podemitas y los responsables de las ONG afines visitan a jueces, inspeccionan centros, se reúnen con responsables policiales y organizan campañas para exigir que estepaís suspenda la aplicación de las leyes europeas en materia de inmigración. Lo mejor de todo es que no se atreven a explicar realmente por qué quieren socavar la seguridad de todos y recurren al mantra de los derechos humanos, concepto discutido y discutible donde los haya. Para una gente que tiene como modelo de Estado respetuoso con la democracia y las libertades públicas Cuba o Venezuela, la estrategia no podía ser más adecuada.