La comparecencia de José Antonio Griñán para justificar su decisión de abandonar la presidencia de la Junta de Andalucía, ha sido un estrambote muy apropiado para culminar "su espantada".
En palabras de Griñán, el principal objetivo de su decisión ha sido propiciar un cambio generacional y "de género" en la persona de Susana Díaz, sucesora a título de presidenta a la que, como a tantos regeneradores de la política, no se le conoce otra actividad fuera de “la Pesoe” donde entró bien jovencita. También está el escándalo de los ERE, claro, pero según el ya expresidente es un asunto sacado de contexto con el que han tratado de dañarle injustamente, como si un consejero de Economía y Hacienda y después presidente autonómico no tuviera responsabilidad alguna en el saqueo de 800 millones de euros de las arcas públicas confiadas a su custodia.
El acto ha tenido también, progresismo obliga, momentos para el sentimentalismo -"vivo igual que hace quince años”- y para la chorrada con su denuncia de la dictadura de los mercados financieros. Pero donde Griñán ha mostrado realmente su pánico por la instrucción judicial de "Mercedes de Andalucía”, es cuando, a preguntas de un redactor del diario El Mundo, ha asegurado que no se le puede imputar porque los informes de intervención de la Junta de Andalucía, que él recibió como consejero y después presidente, no implicaban que él tuviera que adoptar ninguna decisión al respecto. Y aquí es cuando la ha... fastidiado.
Toda la defensa del expresidente andaluz se basa en el hecho de que el interventor general de la Junta no admitió irregularidades en el uso de la partida destinada a los ERE, pero eso es porque, como el citado funcionario decía en sus informes y después ratificó ante la juez Alaya, Chávez y Griñán, solos o en compañía de otros, ya se habían encargado de hurtar a su conocimiento los expedientes en virtud de los cuales se produjo el saqueo de las arcas autonómicas.
La Junta de Andalucía transfería cada año los fondos de la famosa partida 31-L a la agencia Idea, para su uso discrecional, con lo que se evitaba que la intervención fiscalizara las ayudas y la idoneidad de los beneficiarios. Eso es lo que el interventor general denunciaba año tras año sin que las autoridades competentes de la Junta, con Griñán en lugar destacado, hicieran el menor caso porque, en caso de actuar, el enjuague de los ERE y los trinques colaterales hubieran desaparecido de raíz.
Griñán asegura que no habrá imputación ("no hay pruebas ni las habrá" ¿Recuerda?) porque no existe ninguna figura delictiva que se le pueda atribuir. “¿Qué tal malversación de fondos públicos? Mercedes de Andalucía decidirá.