Supongamos por un momento que un ministro de Justicia de la época de Aznar hubiera aterrizado con paracaídas en la lista electoral de una provincia especialmente refractaria a votar al PP. Avancemos en nuestro ejercicio de política-ficción e imaginemos que este ministro da un mitin preelectoral en una de las ciudades más señeras de esa región que, casualmente, es en la que el PP ha sido derrotado por primera vez desde la implantación de la democracia.
Cuarenta y ocho horas más tarde de la visita del señor ministro, la fiscalía regional ordena el registro de domicilios particulares, empresas privadas y dependencias municipales, y comienza a arrestar a políticos del PSOE bajo una nebulosa acusación relacionada con el urbanismo. Añadamos a nuestro relato la circunstancia de que la prensa afín al Gobierno hubiera sabido con antelación dónde, cómo y quién iba a ir siendo entrullado, de forma que pudiera obtener el documento gráfico con la mayor comodidad. No es necesario tener superpoderes adivinatorios para saber que la campaña que hubiera desatado el PSOE a nivel nacional denunciando el uso partidista de la justicia por el Gobierno hubiera sido clamorosa, con toda la trompetería de los medios afines afirmando el carácter eminentemente fascista de ese comportamiento de los poderes públicos.
Pues bien, en Totana ha ocurrido precisamente esto mismo, con la única salvedad de que el papel de ambos partidos políticos es exactamente el contrario. Como respuesta, la única reacción del PP regional ha sido una suave nota de prensa en la que se pide a la fiscalía que, hombre, por lo menos informe a los acusados del delito que se les imputa antes que a la prensa amiga.
Sin prejuzgar la culpabilidad de los encausados ni la gravedad del posible delito, parece que las formas son más propias de la Venezuela chavista que la de un país democrático. Porque eso de que te detengan, te lleven al calabozo y te requisen ordenadores y papeles a ver cómo concretan la acusación contra ti no es algo que se lleve mucho en las democracias occidentales.
En el momento de acabar estas líneas dos de los detenidos ya han sido puestos en libertad, aunque permanecen encausados. En unas horas más, la jueza encargada del caso decidirá si la fiscalía tiene pruebas solventes para mantener el arresto o, por el contrario, pasa como en los ayuntamientos canarios cuando el anterior ministro de Justicia aterrizó en las listas del PSOE local, cuyos alcaldes del PP, después de ser detenidos sin orden judicial y permanecer arrestados durante algunos días fueron puestos en libertad sin medidas cautelares.
Lo grave es que, en estas circunstancias, el estigma de haber sido detenido acusado de corrupto ya no se lo quita nadie a las familias de los afectados en dos o tres generaciones. Pero aquí el único estigma que merece el cariño judicial es el de Felipe González. Los demás a chupar calabozo y a callar. Cosas de la justicia progresista made in Bermejo.
