La ley de educación que ha perpetrado el gobierno es inicua y de cariz netamente totalitario, aunque en su contra no se hubiera manifestado ningún ciudadano. El dictado de la mayoría, es el recurso de la democracia para expulsar a los gobernantes del poder sin recurrir a la violencia, no una medida sobre la ética de la acción política.
El primer objetivo del socialismo, ha sido siempre controlar férreamente el sistema educativo y utilizarlo como un crisol revolucionario, para transformar la sociedad de acuerdo con su proyecto totalitario. Hasta la caída del Muro de Berlín, este propósito se proclamaba de forma expresa, debido al prestigio que el marxismo conservaba entre las elites occidentales. Tras el derrumbe del comunismo y la consiguiente exposición pública de su terrible miseria moral, los socialismos camuflan los mismos objetivos con expedientes digeribles por el paradigma progre dominante: Formar en valores, renovación pedagógica, igualitarismo educativo o el más novedoso “educación para la ciudadanía”; en resumen “formación del espíritu socialista”, que es de lo que se trata. Es el éxito postrero de Antonio Gramsci, el clarividente socialista italiano obsesionado por la “hegemonía cultural”.
El punto décimo del manifiesto comunista es claro al respecto cuando exige expresamente una “educación pública y gratuita”. No es casualidad que las constituciones socialdemócratas hayan asumido este objetivo marxista y que en algunos casos, como el español, éste haya quedado transcrito casi en su literalidad.
La izquierda jamás ha renunciado al control de la escuela. En el proceso constitucional español, su oposición a la consagración jurídica de la libertad de enseñanza fue total y además un éxito completo, hasta el punto de que en ninguna parte de la Carta Magna se recoge algo tan elemental como el derecho paterno a elegir el tipo de educación deseado para los hijos. Luis Gómez Llorente, histórico dirigente del PSOE y vicepresidente de las cortes constituyentes, declaraba públicamente que admitir el derecho de los padres a elegir, “habría supuesto meter de contrabando una pieza altamente reaccionaria...”. El argumento es consecuente con las conclusiones que la rama sindical del socialismo español había hecho públicas un par de años antes. En su congreso de 1976, cuyos acuerdos quedaron recogidos en el libro “La UGT y la enseñanza”, el sindicato concibe la educación “como terreno de lucha”, para lo cual “la enseñanza ha de ser laica, desapareciendo todas las materias religiosas de los planes de estudio y otorgando la gratuidad sólo a este modelo educativo”. La familia es despreciada por considerarla un “universo jerarquizado que transmite una moral conservadora y represiva”. De todo ello surgen tres objetivos básicos: “utilizar la escuela como terreno de lucha para obtener el poder”, “que los fondos del Estado se destinen exclusivamente a los centros estatales” y que “los centros se organicen con la autogestión dentro de una planificación democrática”. Con el PSOE de Zapatero en plena involución, el recordatorio de estos datos no es arqueología sino oficio de actualidad.
En el XXVII congreso del PSOE, celebrado en 1976, se ratifica el análisis marxista de la sociedad como base fundamental de la acción política y se insiste en la importancia estratégica de la educación para alcanzar ese objetivo revolucionario. Uno de los eslóganes del congreso, “Cambiar la escuela para cambiar la sociedad”, quintaesencia perfectamente el proyecto socialista en esta materia. En definitiva, se trata de “luchar en el campo de la educación con el objetivo de llegar a la escuela pública única”.
